A través del comunicado, la UPJCM quiso poner en conocimiento “de la población en general y de los empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, en particular nuestra gran preocupación por el proceso licitatorio en curso”.
“A pesar del rechazo de las autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos a que los trabajadores participemos y fiscalicemos el proceso, siempre en función de la transparencia y la defensa de los intereses del estado y los trabajadores, hemos tomado conocimiento de las ofertas presentadas y de las participaciones en las ganancias pretendidas por los empresarios privados del juego”, explicaron.
De acuerdo a lo informado por la entidad, las ofertas solicitan un canon de operación del 54,75% en el caso de Desarrollos Maipú S.A.; 77,17% con Traylon S.A. y 62% con Fuente Mayor S.A., que elevan a un 68% ante la alternativa de construcción de un hotel.
“Resultan muy llamativas y, a nuestro entender excesivas, las ofertas presentadas en especial lo relacionado a los porcentajes requeridos y a los plazos de la concesión, más aun si los comparamos con las condiciones originales de la licitación y vigentes al día de la fecha, que son 49% de participación privada y un plazo de 10 años en la concesión”, resaltaron.
“Como se observa, el canon que abona actualmente el estado es bastante inferior a los porcentajes ofrecidos en este proceso, a pesar que el plazo inicial de la concesión fue por 10 años. Cabe aclarar que en el actual proceso el plazo de la concesión se ha duplicado a 20 años, es decir que es mayor el beneficio para el privado en cuanto a plazo y canon y, por consiguiente, mayor perjuicio para el Estado y los trabajadores”, consideraron.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el área económica de la UPJCM, el estado dejaría de percibir según las distintas ofertas unos $ 60 millones con Desarrollos Maipú S.A., $ 338 millones con Traylon S.A. y $ 228 millones con Fuente Mayor S.A., en todos los casos en valores anuales.
“Asimismo, exigimos se evite que a través de los excesivos canones ofrecidos, se financien obras privadas que a la postre quedarán en poder de los operadores, perjudicando notoriamente las arcas estatales. Instamos al Directorio del IPJyC conducido por la doctora Ida López tenga en cuenta, a la hora de resolver, los intereses del estado provincial y de los trabajadores del Instituto, dado que constituye su principal responsabilidad como funcionaria publica en el cargo que ejerce”, finaliza el comunicado firmado por Martín Caín, secretario general de UPJCM.