Brasil

El Gobierno de Mato Grosso do Sul busca revivir su lotería estatal

La Lotería de Mato Grosso do Sul (LOTESUL) desapareció en 2008, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) declarara inconstitucional la Ley 2.873 de 2004, que creaba la lotería.
15-07-2021
Tiempo de lectura 1:18 min
El Gobierno de Mato Grosso do Sul quiere resucitar la lotería estatal, según el proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa (ALEMS) el martes 13 de julio. Según el texto, la Secretaría de Estado de Hacienda (SEFAZ) estará a cargo de la lotería.

La Lotería de Mato Grosso do Sul (LOTESUL) desapareció en 2008, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) declarara inconstitucional la Ley 2.873 de 2004, que creaba la lotería.

Así, solo el Gobierno Federal pasó a tener competencia para legislar sobre las actividades de las loterías.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, la Corte Suprema entendió que la naturaleza jurídica de los servicios de lotería es la de servicio público, de manera que cabe a los Estados miembro la competencia material para explotar actividades de lotería y reglamentarlas.

En consecuencia, según el texto, la decisión del STF fortalece el pacto federativo, ya que pondera la autonomía de los entes estatales y municipales y garantiza la preservación y la efectividad del ejercicio de la competencia material para explotar actividades de lotería y reglamentar el servicio.

El Gobierno defiende, en el proyecto de ley, que el servicio de lotería es una fuente importante de recursos para reducir el impacto de las contingencias financieras contemporáneas y reforzar los fondos destinados a la seguridad social.

También consta en la propuesta legislativa que las leyes sobre LOTESUL deben ser derogadas, ya que están en desuso.

De este modo, la SEFAZ quedará a cargo de la lotería, ya que la cartera será responsable de conceder, registrar, autorizar y firmar asociaciones con personas jurídicas de derecho público o privado mediante licitación.

Los recursos adquiridos con la lotería serán destinados a la seguridad social y al financiamiento de programas de vivienda, deporte, educación o desarrollo social.

Según el texto, el gobierno estatal queda autorizado a entregar, en el ejercicio económico de 2021, créditos adicionales de R$ 146.000 en cumplimiento de la ley. El proyecto de ley debe ser analizado por la Comisión de Constitución, Justicia y Redacción (CCJR).

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