El senador paraguayo Blas Llano del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA) encabezó la presentación del proyecto de ley que busca regular el negocio de las máquinas tragamonedas, e impedir el acceso de los menores de edad a los juegos de azar, el cual se comenzará a debatir hoy.
La nueva normativa implementará que los permisos y concesiones sean otorgadas por las municipalidades, como establece la Ley vigente 1016/97, y que estos se elijan de acuerdo a la mejor oferta presentada. También las administraciones locales estarán habilitadas para modificar el canon recibido por la explotación de las tragaperras, aunque serán decisiones que se tomarán en conjunto con la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). En caso de incumplir lo acordado, los operadores podrán ser multados con un salario mínimo, el cual en estos momentos está alrededor de US$ 336.
La polémica del proyecto no pasa por que los menores de edad puedan jugar, algo que es muy peligroso y evitable. El principal problema está vinculado a la empresa iCrop SA, la cual tiene el permiso de Conajzar para censar y regular las tragamonedas del país.
Estimaciones del medio local ABC calculan que la pequeña compañía se estaría llevando un monto de US$ 1,5 millones al mes, ya que se queda con el 70% de la renta de cada slot y lo restante, unos US$ 650 mil, va para el regulador. Aunque la diferencia en las ganancias no es la única crítica que recibió el acuerdo.
Las críticas florecieron cuando el presidente de Conajzar, José Antonio Ortíz, autorizó sus funciones a iCrop SA y a su gerente general Ariel Peña Flores, aun sin que demuestren la experiencia en el rubro. La empresa estima que en el país funcionan 50 mil tragaperras y ya censó más de 10 mil. Según el portal de noticias paraguayo, esa cifra se desprende de su "análisis de mercado, hecho en colaboración con expertos, de manera seria y responsable", aunque no existe constancia del informe ni se identifican a los investigadores y la metodología aplicada en las averiguaciones.