Paraguay: Javier Balbuena se sumó a los reclamos contra iCrop S.A.

El extitular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, denunció que la institución reguladora del juego en Paraguay "se privatizó", en relación a la actividad censual que ejerce la compañía brasileña iCrop S.A., y luego de que operadores de tragamonedas se movilizaran para reclamar contra la empresa.

"En octubre del año pasado Conajzar le autorizó a una empresa privada a que realice un censo, un catastro, a que controle, que fiscalice y a que cobre canon, entonces ahí es donde yo me revelo como expresidente", explicó el exfuncionario, quien aseguró que no tiene nada contra el sector privado ni con las autoridades de la reguladora, "pero sí cuando se viola la ley, cuando se destruye la institucionalidad es donde yo me revelo".

Balbuena aclaró que durante su gestión se reglamentaron las tragamonedas y que quedaron destinadas a funcionar dentro de lugares cerrados, para que los municipios puedan hacer cumplir el reglamento y eviten, por ejemplo, el ingreso de menores. Además relató cómo durante su mandato se luchó contra la clandestinidad y que fueron denunciadas varias máquinas que operaban sin permiso en varias localidades del país.

"Cuando la Conajzar le autoriza a una empresa privada a que cumpla sus propias funciones, prácticamente lo que hace es estar tercerizando sus funciones, se privatizó", detalló el exfuncionario para Radio 1000 AM, donde también se mostró preocupado porque el vocero de iCrop S.A. habla como un funcionario más de la reguladora del juego paraguayo, y mencionó que la compañía es brasileña.

El exfuncionario también destacó cuestiones jurídicas que impiden la asociación de la reguladora del juego con la empresa. "En ninguna parte de la norma mencionada establece que la Conajzar puede delegar susfunciones rígidamente regladas", expresó en un comunicado, donde además explicó que en términos legales, todo lo que no está permitido, está prohibido, algo que sucede en este caso.

Balbuena comentó que durante su gestión se hizo un cálculo estimado de que había 25 mil máquinas tragamonedas operando en el país, y que estas pagaban un cánon que se establecía tras su autorización. Lo que le llamó la atención es que desde que la empresa iCrop se encarga de estas cuestiones, el precio del canon sobrepasó diez veces el determinado por cada municipio, el cual se queda el 30% y lo restante "se distribuye entre la gobernación y una parte a la DIBEN que lo transfieren algunos municipios de forma directa".