SOS Hostelería pidió en el Parlamento Europeo que se paralice la Ley de Juego de Valencia

El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, se reunió con el eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) José Manuel García-Margallo, para trasladarle la preocupación de los propietarios de pequeños y medianos bares y restaurantes de la Comunidad Valenciana que disponen de máquinas tipo B en sus establecimientos y que, de acuerdo con la normativa aprobada en las Cortes, tendrán que estar apagadas durante meses.

"La ley valenciana no puede 'congelar' durante 5 años la renovación de las licencias de las máquinas de tipo B instaladas en bares y restaurantes a expensas de que el Botànic elabore un estudio que analice el impacto social y sobre la salud pública de las máquinas de juego en locales de hostelería", explicó Molina al legislador, y le aclaró que ese estudio debería haberse hecho con anterioridad a la promulgación. "No es de recibo que nos dejen sin los ingresos que generan estas máquinas para después estudiar si éstas tienen o no impacto sobre la salud pública. En este tiempo las vamos a tener apagadas, teniendo en cuenta que muchos bares subsisten hoy gracias a ellas", describió

Además, el representante de los hosteleros denunció que en la medida existe una actitud discriminatoria, ya que las terminales de juego público y semipúblico de SELAE y ONCE, "instalan sus terminales de juego sin autorización administrativa ni limitación alguna".

El principal argumento que esgrime Molina es el Informe Anual de Juego de la Comunidad Valenciana de 2018, donde se expone que luego de 65 mil inspecciones llevadas a cabo por la Administración en locales de juego y hostelería, "no existe ni una sola acta de infracción por menores jugando".

Para pedir la derogación del artículo 51 de la Ley del Juego, el abogado de SOS Hostelería, Santiago Moreno, presentó un escrito donde señaló que la normativa "conculca la Libertad de Establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en el mercado interior, (Artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), y la Libertad de Prestación de Servicios (Artículo 56)".

"Como podemos entender a simple vista, esta metodología, chocaría de manera frontal no sólo con la normativa europea de Protección de Datos, sino con los parámetros de la más mínima prudencia y privacidad social exigida", agregó Molina.

Además de reunirse con García-Margallo, desde la organización patronal, también pidieron reunirse con los eurodiputados Estrella Durá (PSPV-PSOE), Jordi Cañas (CS) y Jordi Buxadé (VOX), aunque todavía no hay fecha confirmada.