Un artículo de la Fundación Civismo de España pone en duda el esquema tributario sobre el juego | Yogonet Latinoamérica
La investigadora María Crespo escribió 'La imposición sobre el juego, a examen'

Un artículo de la Fundación Civismo de España pone en duda el esquema tributario sobre el juego

19-03-2021
España
Tiempo de lectura 3:12 min
En el texto, la autora separa a las políticas públicas sanitarias de las tributarias, y asegura que para cuidar de la salud debe haber normativas federales, y no las 19 concepciones distintas de las Comunidades Autónomas. Respecto a lo que tiene que ver con la recaudación fiscal, cuestiona su eficacia ya que se grava el consumo y no la ganancia. Sobre la limitación publicitaria, afirma que la Asociación de Medios de Información anunció que se estaba poniendo en riesgo la continuidad del sector.

La Fundación Civismo de España publicó en su sitio web el artículo 'La imposición sobre el juego, a examen' de la investigadora especializada en fiscalidad María Crespo, donde aborda la problemática de la prohibición publicitaria y la contradicción entre la lucha contra el juego problemático y la recaudación fiscal: "no es tan clara la eficacia de los tributos si se pretende reducir el consumo del juego, pues, al ser un bien de demanda inelástica, el usuario no disminuye el gasto en actividades lúdicas, mientras que el sector público consigue pingües beneficios derivados de estos impuestos".

"La imposición de restricciones al consumo sobre ciertos bienes, y en concreto el gravamen de las actividades recreativas que se prestan de manera virtual, en la mayoría de los casos carece de efectividad si se realiza de forma aislada en un país. De hecho, este tipo de prohibiciones solo consiguen que surja un mercado negro en el que el precio se encarece", explica la también profesora titular de Hacienda pública de la Universidad de Alcalá de Henares, y continuó: "todas las actividades lúdicas, y el juego no constituye una excepción, se realizan por un componente psicológico que no responde a normas económicas convencionales y, sin embargo, generan una riqueza de la que se lucra el propio Estado a través de los tributos, así como mediante la reserva legal a él otorgada para explotar actividades de loterías ejercidas de forma monopolística".

"Los poderes públicos deben instaurar una normativa protectora sobre los menores de edad y que evite casos de ludopatía, e incluso prohíba el acceso a las personas que padezcan la enfermedad, de la misma forma que se hace con los consumos complementarios de ocio, como el tabaco o el alcohol", exige la exdiputada autonómica en las Cortes de Castilla-La Mancha. En el texto, la autora separa a las políticas públicas sanitarias de las tributarias, y asegura que para cuidar de la salud debe haber normativas federales, y no las 19 concepciones distintas de las Comunidades Autónomas. Respecto a lo que tiene que ver con la recaudación fiscal, cuestiona su eficacia ya que se grava el consumo y no la ganancia: "Se puede decir que el consumidor no adictivo de juego actúa de manera libre y voluntaria. Y por tanto, la intervención del sector público debería limitarse al establecimiento de los tributos correspondientes como consecuencia del aumento de la capacidad económica derivada de las ganancias del juego, mediante un impuesto que grave esta plusvalía, y no mediante un impuesto sobre el consumo", agrega.

Crespo demuestra que existe una fuerte contradicción entre la forma de tributar y las políticas para evitar el juego problemático. "Estamos ante una actividad muy lucrativa, no solo para los empresarios del sector, sino para la Administración que, por la vía impositiva, recauda casi 1.100 millones de euros cada año". Esto significó el 0,8% del PIB, según el Anuario del Juego en España de 2019.

Tal vez uno de los ejes más importantes que interpela el artículo sea "la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020", donde "se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcionalidad derivada de la enfermedad COVID-19, o interpelen al consumo de actividades de juego en este contexto". 

"Desde la Administración Pública Estatal, en los últimos meses, parece existir una clara intención de limitar la actividad del juego, tanto mediante la regulación específica, que limita o prohíbe la publicidad, como con la normativa que trata de reducir el juego online. Sin embargo, no existe ninguna directriz en el ámbito nacional para tratar de paliar los posibles efectos adversos que este causa en parte de la población. Son las comunidades autónomas las que, unilateralmente, han legislado sobre la afectación de parte de la recaudación de la tasa sobre el juego a la prevención y rehabilitación de la ludopatía", expone la investigadora sobre la necesidad de un criterio único para enfrentar estos problemas. "La evidente dispersión normativa dificulta que se realice un tratamiento homogéneo en todo el país, lo que provoca que existan 19 normativas diferentes, aplicables según la comunidad o ciudad autónoma en la que tenga lugar la actividad", argumenta.

También aseverá que es evidente la "falta de liderazgo del Estado Central, que debería establecer un plan de financiación de las medidas de prevención y tratamiento de la enfermedad, en sustitución de las políticas restrictivas aplicadas en el mercado".

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