La Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (Anesar) celebra las declaraciones que Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, realizó en febrero, aunque considera que son insuficientes.
"Celebramos que por fin hayan encontrado los datos de ludopatía para poder afirmar esto —que los porcentajes de ludopatía que emanan de informes oficiales no suponen como tal un problema de salud pública—con tal claridad, a la vez que les animamos a seguir buscando otros datos como la presencia de menores (otra falsedad) en establecimientos de juego u otros mantras que repiten hasta la saciedad", expresó el presidente de Anesar, José Vall, en un artículo publicado en la web de la asociación.
Vall entiende, y así lo señaló en el texto titulado Algo más que cinismo, que si reconociera esta falta de sustento con datos el Gobierno debería retirar una proposición no de ley (PNL) presentada en el Congreso de los Diputados.
"La situación es grave, muy grave. Son el Gobierno y están haciendo política y adoptando decisiones que afectan a muchas empresas y puestos de trabajo sobre datos que ellos mismos reconocen que no son tales. Llevan más de dos años construyendo un relato sobre la base de un problema de salud pública que ahora reconocen que no existe, e intentan arrastrar al movimiento ciudadano y a otras instituciones y organismos hacia esta deriva mientras nosotros limpiamos pintadas y quitamos silicona de nuestras puertas", relató Vall.
El presidente de Anesar asegura que el sector que representa trabaja para ayudar a quienes hacen mal uso de la oferta de juego con mecanismos eficaces, no efectistas y sí compatibles con el mantenimiento de una industria responsable y consolidada.
La sospecha es que detrás de la embestida contra los juagos de azar hay otros intereses: "Es grave porque están haciendo una política en la que queda demostrado que lo que menos importa son los llamados colectivos vulnerables que dicen defender porque si importaran tendrían también que actuar con otro tipo de juegos, y no sólo no lo hacen sino que los defienden y dotan de cantidades millonarias para que sigan haciendo su publicidad, mientras las dotaciones para los colectivos vulnerables siguen sin aparecer".