Costa Rica: avanza el proyecto que incrementa penas por la operación de juego ilegal

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso costarricense dictaminó esta semana el proyecto de ley 21.632, que multará -con penas de hasta más de US$ 11 mil- o penará de cuatro a diez años a las personas que comercialicen loterías impresas o electrónicas, videoloterías, apuestas deportivas y el juego ilegal o que no esté regulado por la Junta de Protección Social (JPS).

"La fijación de la multa se hará tomando en consideración la gravedad del hecho y la reincidencia", explica el dictamen. Los castigos tendrán disintas escalas. Si estuvieran involucrados funcionarios públicos o sectores ligados al crimen organizado, llegarían a una década de prisión. En cambio, cuando estuvieran relacionados a funcionar como proveedor de productos o servicios para las actividades ilegales y su promoción, estos irían de seis meses a dos años, y para quien financie, distribuya o administre un negocio para el desarrollo de las actividades ilegales, o contrate gente para su comercialización, los plazos serían de entre cuatro y ocho años.

La iniciativa contó con el aval de siete de los nueve legisladores de la Comisión, quienes aclararon que aprobaban el proyecto para evitar que fuera archivado, pero a su vez aseguraron que plantearán modificaciones cuando se discuta en el pleno del Congreso, según relató el sitio Amelia Rueda.

Las multas para los establecimientos donde se lleven a cabo estas actividades irán de entre US$ 1.500 a US$ 3750, y toda la recaudación de estas iría para el municipio que hizo la denuncia y para la JPS, desde donde se manifestaron "complacidos" por la decisión y aseguraron que los fondos estarán destinados a la "protección social de las poblaciones en mayor vulnerabilidad".

"El proyecto tiene como finalidad principal identificar a aquellos actores que tienen una mayor relevancia o una participación preponderante en este tipo de actividades ilícitas con la finalidad de que las penas se impongan de manera más drástica en aquellos actores que propician la comercialización, el financiamiento y la administración a gran escala de actividades ilícitas que distraen recursos que podrían dirigirse al desarrollo y al bienestar social del país a manos privadas", explicó la asesora jurídica de la JPS, Marcela Sánchez, quien además explicó que "la prohibición de rifas en manos de particulares no es un elemento nuevo", ya que viene "desde inicios de los años 20 y fue ratificado en los años 50".