Trabajadores del País Vasco reclaman el cierre arbitrario de 210 salones de juego

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del País Vasco ordenó la reapertura de los locales de hostelería también en aquellos municipios con tasa de incidencia superior a los 500 casos, la denominada zona roja.

Esta resolución da la razón a las asociaciones de hostelería y considera que, con las restricciones ya utilizadas antes de Navidad, el reinicio de la actividad "no es un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública". Los jueces señalaron que "no hay claridad de la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad". 

Esta decisión del TSJPV motivó la reapertura de los salones de juego porque sus condiciones de seguridad y salud son las mismas que las de un establecimiento hostelero. Sin embargo, la policía autonómica vasca procedió a cerrarlos.   

La plataforma Euskal Jokoetako Langileen Koordinatzailea / Coordinadora de Trabajadores del Juego de Euskadi (Ejolako) denunció que el Gobierno vasco tomó la decisión arbitraria de cerrar los 210 salones de juego de Euskadi que habían reabierto a raíz de la medida cautelar del TSJPV.

Txarli Ayala, portavoz de Ejolako, manifestó: "Nuestra perplejidad por el cierre inopinado de los salones por parte del Gobierno vasco que condena a 2000 trabajadores del juego privado en Euskadi  a seguir en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta que los locales acaben cerrando de forma definitiva".

Para Ayala es evidente que las condiciones de salubridad de los salones con control de acceso y de aforo es de seguridad total. "La medida cautelar del TSJPV nos implica dado que reunimos las mismas condiciones de cualquier otro establecimiento", sostuvo.

Ejolako reclama que la administración vasca no criminalice a los salones de juego y reconozca el esfuerzo en la gestión del juego responsable y del control de la pandemia. También lamenta que el cierre se haya producido con arbitrariedad y sin ninguna comunicación previa. Ayala asegura que hay una campaña que viene de lejos contra la actividad "que acabará llevando al paro a miles de familias".