“En mayo de 2020, en el marco de la pandemia, yo envié una nota vía email al Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, y les solicitaba en concreto acceder a toda la información que estaba disponible, vinculada al expediente de adjudicación del juego online en la Provincia. Había un único expediente, y estaba vinculado con esa licitación”, explicó la letrada.
Cabe mencionar que en dos escritos presentados ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, la abogada penalista solicitó tomar vista y obtener copias de todo el expediente. “Estos recursos tienen un destino concreto, legalmente tienen el destino de financiar actividades como salud, educación y seguridad. En ese sentido, el 11 de diciembre de 2018 se aprobó la ley provincial que incluye la regulación del juego online dentro de la provincia de Buenos Aires“, aclaró Barbitta.
La abogada, quien se desempeña además como presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), explicó cómo se enteró del rechazo a su solicitud: “Me enteré por WhatsApp que me habían denegado el acceso porque, supuestamente y bajo el ropaje de la pandemia, yo no podía acceder a este expediente. Esto es un dato complejo, porque ahora todo se trabaja online, con lo cual no había ningún inconveniente que yo accediera al expediente de forma virtual. Sin perjuicio de reconocer que son expedientes enormes. Más allá de eso no es un argumento razonable“.
Y concluyó: “Son 7 empresas. Hay que ver cuales fueron los requisitos, porque había requisitos muy puntuales vinculados a los plazos y a la integración de las empresas. Y sin embargo, no tuvimos acceso a eso”.
Cabe recordar que, en paralelo, Juntos por el Cambio cuestionó hace un mes las licencias para operar plataformas de juego online que otorgó el gobernador Axel Kicillof.
La Coalición Cívica presentó un pedido de acceso a la información, pidiendo que el Instituto de Loterías y Casinos detalle el proceso por el cual se otorgaron estas licencias, con el argumento de que no cumplirían con las reglas establecidas por la ley 15.079 para poder participar de la licitación.
"Cuando tratamos la regulación del juego online en la provincia, desde la Coalición creíamos que faltaban mayores controles para que los antiguos dueños de los casinos y bingos no ingresaran a la actividad. En este caso, siguen habilitando al empresariado más gregario, y así, las dinámicas más viciadas de la provincia", declaró Maricel Etchecoin, diputada bonaerense y presidenta de la Comisión de Adicciones de la Cámara baja.
Luego de congelar la licitación iniciada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal durante un año, la administración de Kicillof defendió la entrega de licencias por su impacto fiscal: la Provincia recaudaría más de $ 545 millones (unos US$ 6,4 millones), que se dividen en $ 90 millones en concepto de Ingresos Brutos, $ 65 millones por cada licenciatario en concepto de seguro establecidos en el artículo 3, y un 2% de las utilidades brutas por las apuestas.
"Con las prohibiciones se buscaba evitar que las personas ligadas al delito y al crimen organizado sean operadoras. También con no otorgar ventajas a quienes efectivamente son organizadoras de los eventos, por ejemplo deportivos, sobre los que versan las apuestas a fin de evitar el fraude", agregaron desde la Coalición Cívica.
"Si bien nosotros en líneas generales estamos de acuerdo con que al juego online hay que regularlo, creemos que tiene que ir acompañado de varias acciones que la ley ya tiene establecidas y al mismo tiempo se sancionó una ley de ludopatía que todavía no la implementaron", dijo Etchecoin, autora del proyecto que propone prohibir la publicidad o promoción en los juegos.