Desde que saliera a la luz el hecho de que el actual director del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Pablo Sitjar, es el vicepresidente de la empresa titular del casino Nogaró de Punta del Este, Vidaplan SA, los senadores del Frente Amplio (FA) pusieron el grito en el cielo por esta incompatibilidad ética. Es que en mayo del año pasado, la compañía inició una demanda al estado uruguayo por U$S 50 millones.
El conflicto escaló a tal punto que el senador y coordinador de la bancada del FA, Charles Carrera, el 2 de febrero emitió una carta a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, solicitándole la remoción del cargo del funcionario por incompatibilidad con la función pública. "Resulta reñido con la ética que el contador Pablo Sitjar sea director del BROU y desde su empresa particular esté enfrentando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), impidiendo -incluso- el acceso a las instalaciones del casino Nogaró a los funcionarios de la Dirección General de Casinos (DGC)", explica la presentación.
"Si queres estar en el sector privado podés estar, pero no podés estar defendiendo el interés público y el privado al mismo tiempo. Lo que definimos fue solicitarle a la vicepresidenta para que comunique a los demás partidos que el FA pide la remoción", describió Carreras.
La disputa entre Vidaplan SA y el Estado uruguayo no es sólo económica. En la misiva los senadores denuncian que "desde agosto está enfrentada con el Poder Ejecutivo porque se opone a reabrir sus puertas, un episodio que ha derivado a la justicia penal". También denuncian que el casino se negó a abrirle las puertas a los representantes de la DGC.
La semana pasada el semanario uruguayo Búsqueda dio a conocer el hecho de que Sitjar era el vicepresidente de la compañía que lleva el casino Nogaró de Punta del Este. Unos días antes también demostraron que cuando fue director de THS Accounting Services SA hizo un convenio en 2017 para saldar su deudad impositiva y este lo dejó de pagar en la cuota 13, y que por eso la Dirrección General Impositiva (DGI) le inició un juicio.