El Ministerio de Consumo de España propone criterios de regulación homogéneos en el juego presencial

En cumplimiento con los acuerdos de Gobierno de enero de 2020 y en paralelo a las medidas para combatir el COVID-19, el Ministerio de Consumo impulsó durante el segundo semestre del año pasado iniciativas como la limitación de la publicidad de las apuestas deportivas y los juegos de azar. De cara a lo que viene, la palabra "armonización" se ha integrado al discurso del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y otros funcionarios, y el juego no está excluído.

Dentro del Informe de Rendición de Cuentas 2020 presentado en diciembre, y en lo que concierne a las relaciones con las Comunidades Autónomas y el sector del juego, se resalta que el Consejo de Políticas del Juego aprobó la interconexión de los registros de personas autoexcluídas. Hoy existen distintos registros autonómicos y uno estatal, sin relación entre ellos. El Ministerio de Consumo y las comunidades firmarán acuerdos a lo largo de este año para interconectar estas bases de datos y endurecer la protección a los jugadores.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, durante la Rendición de Cuentas.

También en materia de competencias sobre el juego de azar, Consumo abrió la consulta pública para un nuevo Real Decreto que refuerce la seguridad en el entorno online. Asimismo, pretende abordar una estrategia común contra la ludopatía en el seno del Consejo de Políticas del Juego. El compromiso adquirido es el de impulsar criterios homogéneos de regulación del juego presencial. Tiene previsto realizar una propuesta consensuada con las Comunidades Autónomas que se elevará al Consejo de Políticas del Juego.

En materia de videojuegos, Consumo sigue trabajando en medidas enfocadas a la protección de los sectores de la población más vulnerables, entre ellos los menores. La intención del Ministerio es abordar una reforma de la Ley del Juego que permita incluir determinados videojuegos en la normativa de juegos de azar a lo largo de 2021.

Otros de los compromisos adquiridos de cara a 2021 son la aprobación de una ley integral de servicios de atención al cliente y la modificación de la actual norma de defensa de consumidores y usuarios para regular la figura del consumidor vulnerable y homogeneizar los criterios en el conjunto del estado. De la misma forma, y como compromiso fundamental de Consumo en este período legislativo, se avanza en la mejora de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal. El Ministerio pretende abordar esta cuestión con las Comunidades Autónomas para evitar que las diferentes competencias entre administraciones conlleven la imposibilidad de establecer sanciones a empresas cuando las infracciones se cometen en distintos territorios, como ya ha ocurrido en múltiples ocasiones.