República Dominicana deja de percibir más de US$ 15 millones anuales por el juego ilegal

El Estado dominicano estaría dejando de percibir más de RD$ 900 millones (alrededor de US$ 15,23 millones) al año por juegos de azar que operan de manera ilegal en el país, práctica que también perjudica a los empresarios del sector que lo hacen apegados a la ley.

Así lo indicó Aníbal García Díaz, director de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, quien adelantó que trabajan un proyecto de Ley que establecerá sanciones más drásticas para eliminar los juegos de azar que operen al margen de la legislación.

García Díaz explicó que en la actualidad la ley ordena el cierre del negocio que explote juegos de azar ilegales, la incautación de los equipos y del dinero que tenga producto de dicha venta y, “dependiendo de la magnitud del caso, se traduce a los Tribunales”.

“La práctica ilegal perjudica a los empresarios que tienen derechos adquiridos, que el Estado debe garantizarles, y perjudica al Fisco con la evasiones de miles de millones de pesos, que debe recibir al año si esa práctica se ejerciera legalmente”, precisó.

El funcionario habló durante el acto de destrucción de 2.300 equipos electrónicos y máquinas tragamonedas, incautados en colmados, bancas de lotería y otros establecimientos, donde operaban de forma irregular.

Los equipos destruidos, decomisados en Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional y otras provincias, incluyen 248 máquinas tragamonedas, 170 verifones, 189 impresoras, 940 equipos de computadoras, seis máquinas de carreras de perros y tres celulares, entre otros.

“Tenemos un plan de acción orientado a eliminar toda práctica ilegal de juegos de azar en República Dominicana”, afirmó el titular de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, que agregó que los mismos fueron decomisados por las pasadas autoridades.

Advirtió que toda banca, punto de venta y cualquiera otra modalidad de juegos que hayan sido instalados sin la autorización previa del Ministerio de Hacienda, tendrán que someterse al proceso reglamentario.