En ese marco, el profesor José Antonio Gómez Yáñez llevó adelante una presentación, en la que destacó los costos implícitos de la nueva Ley del Juego en la Comunidad Valenciana.
Entre los datos que aportó se destacan que el juego es una forma de ocio que genera más de 10 millones de visitas anuales a los locales, y que los clientes asumen que el dinero que invierten al jugar, equivale a la entrada para presenciar un espectáculo, siendo conscientes de que ese gasto forma parte de la experiencia de ocio.
En relación con la Comunidad Valenciana, el juego representa el 0,65% del PIB, genera 6.500 empleos, aporta 43 millones de euros en cotizaciones sociales, 17 millones en inversiones en locales y 20 millones en alquileres.
El impuesto sobre el juego recauda en la Comunidad de Valencia unos 137 millones de euros, lo que supone un importe superior al coste de los Médicos Internos Residentes en Valencia, o las inversiones en obras públicas.
La nueva Ley del Juego de la Comunidad Valenciana destruirá 1.600 empleos en salones y 4.000 en hostelería y operadores de máquinas; y supondrá un coste de 80 millones de euros en cotizaciones sociales, 80 millones en impuestos sobre el juego para la Comunidad, y 320 locales vacíos, entre otras consecuencias.
El presidente de Anesar, José Vall Royuela, en una intervención desde el público, recordó que esta forma de legislar representa riesgos innegables para otras comunidades autónomas, y por ello abogó por estar atentos y unidos para evitar estas circunstancias.