Mediante un proyecto de Ley presentado por la ministra Yasmin Esquivel

México analiza suprimir el impuesto al juego

El argumento del proyecto de sentencia de la ministra se basa en que la Constitución reserva a la Federación la facultad de legislar sobre juegos de apuestas y sorteos.
31-01-2020
Tiempo de lectura 1:20 min
De ser aprobada la propuesta las empresas ya no cobrarían ni pagarían impuestos, el Gobierno de Nuevo León tendría que devolverles lo que pagaron desde 2017 con intereses. 

Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, arbitró en la Segunda Sala  contra el impuesto que estados como Nuevo León, Ciudad de México y Puebla cobran a los casinos. Esta normativa, creada en Nuevo León en 2017 y que en los últimos años fue adoptada por otras regiones, podría ser cancelada por la Justicia. De ser aprobada la propuesta las empresas ya no cobrarían ni pagarían impuestos, el Gobierno de Nuevo León tendría que devolverles lo que pagaron desde 2017 con intereses. 

Esquivel encuentra una contradicción de origen en el impuesto ya que, según argumentó: "Por una parte, se crearon los impuestos reclamados al identificar una industria en crecimiento económico que permitiría incrementar la recaudación; pero por otra, se crearon para desincentivar el juego con apuestas".

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodriguez Calderón aseguró que la iniciativa presentada por la ministra no presenta ningún riesgo. "Tenemos la razón jurídica y junto a mi equipo haremos una explicación en la Corte que nos favorezca, así se podrá seguir apoyando a la población del Estado", declaró el funcionario al mismo tiempo que aseguró que "la relación con los dueños de los casinos es buena, ya que elllos están dispuestos a seguir apoyando a la sociedad".  

En la actualidad Nuevo León cobra a los clientes el 10% del monto de sus apuestas, y a los casinos el 6% sobre el valor total de las apuestas recibidas, por lo que en su Ley de Ingresos 2020, espera recaudar más de US$ 27 millones por el primer impuesto, y superar los US$ 5 millones por el segundo; gravamenes que equivalen al 5,5 % del ingreso previsto por impuestos locales.

El argumento del proyecto de sentencia de la ministra se basa en que la Constitución reserva a la Federación, desde 1947, la facultad de legislar sobre juegos de apuestas y sorteos.

 

 

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