España

La Junta de Castilla y León concede moratoria para tragamonedas

La modificación consiste en que se eleva a 4 años el margen para el cumplimiento, a razón de un 25 % de máquinas adaptadas a este sistema cada año.
18-10-2019
Tiempo de lectura 1:14 min
El Ejecutivo autonómico asume que el plazo de tres años otorgado en un principio para gestionar y explotar el sistema de tragamonedas interconectadas por un servidor informático no pudo cumplirse ya que la empresa tuvo que "recurrir a proveedores internacionales para adquirir toda la tecnología necesaria para su fabricación, lo que ha causado retrasos en el plan de implantación inicialmente previstos".

La Junta de Castilla y León elaboró un proyecto de orden de modificación de la normativa sobre los sistemas técnicos de las máquinas tragamonedas de tipo "B" o recreativas con premio, con juegos alojados en un servidor informático, en la que ofrece una moratoria en el cumplimiento de los plazos.

Según informan medios locales, el Ejecutivo autonómico asume que el plazo de tres años dado a la empresa autorizada para gestionar y explotar el sistema de tragamonedas interconectadas por un servidor informático no pudo cumplirse porque ésta tuvo que "recurrir a proveedores internacionales para adquirir toda la tecnología necesaria para su fabricación, lo que ha causado retrasos en el plan de implantación inicialmente previstos".

En el proyecto de modificación de la orden PRE/420/2015 de 20 de mayo, se establece que "resulta preciso llevar a cabo una recomposición de plazos y porcentajes que permita a la empresa organizadora y explotadora del sistema continuar el importante esfuerzo inversor que está llevando a cabo para implantar el sistema". La modificación consiste en que se eleva a 4 años el margen para el cumplimiento, a razón de un 25 % de máquinas adaptadas a este sistema cada año.

Actualmente, en la comunidad autónoma funcionan alrededor de 14.000 máquinas recreativas, después de las últimas adjudicaciones aprobadas por el Gobierno autonómico en diciembre del pasado año, cuando dio luz verde a 436 de las 2.873 que salieron a concurso público, con la finalidad de alcanzar el máximo admitido por la ley vigente: 17.108.

 

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