El pasado jueves, con carteles y pancartas, los trabajadores realizaron una movilización en los exteriores del Municipio de Guayaquil. En el lugar, Mauricio Villacís, representante de los exempleados de salas de juego, adelantó que en los próximos 15 días presentarán en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la normativa que eliminó estos juegos.
Según los manifestantes, luego del cierre de salas a nivel nacional, el gobierno de Correa no les ofreció ayuda alguna, y para ellos los casinos, bingos y juegos de azar no solo representan ingresos económicos, sino que también aportan un factor fundamental al turismo.
Una de las exempleadas sostuvo que desde hace casi siete años no encuentra un empleo fijo. En la actualidad gana un salario básico, ingreso menor al que recibía por su labor en una sala de bingo de un hotel de la ciudad.
La polémica sobre el cierre de los juegos de azar en el país comenzó en junio del 2010, cuando el entonces presidente Correa soltó la idea públicamente, pero fue el 7 de mayo del 2011, donde el 45,76% de los ecuatorianos, decidieron de su cierre general.