En su intervención, la titular del organismo, Vivien Villarán, destacó el trabajo realizado en torno a relevar el valor público de la oferta territorial, el cumplimiento de la normativa, la operación y mitigar los efectos negativos en los usuarios, el entorno y la comunidad.
“Continuamos con el trabajo que busca potenciar nuestro accionar, de manera que nuestro desempeño mejore en eficiencia y calidad, buscando mayor impecabilidad en nuestro mandato legal”, declaró la Superintendenta.
Sus declaraciones se encuentran en línea con el proceso de planificación estratégica emprendido por la SCJ durante el 2017, instancia en la que junto con establecer los objetivos estratégicos se definieron las propuestas de valor, entre las que se encuentran relevar el valor público de los territorios, velar por el cumplimento de la normativa y operación, mitigar los efectos negativos en los usuarios, el entorno y la comunidad.
En la cuenta pública se abordó además el proceso de otorgamiento de permisos para casinos municipales, relevando la autorización en cinco de las siete comunas (Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón y Puerto Varas).
Y en otro pasaje del informe, la SCJ informó las mejoras en materias de promoción de juego responsable, entre las que se encuentra la circular de autoexclusión, que si bien fue publicada durante el año en curso, inició su proceso de actualización en el 2018. Esta nueva circular otorga la facultad a los casinos para impedir la entrada del autoexcluido, además del control de ingreso que deberán realizar al ingresar a la sala de juegos.
La nueva normativa establece que la autoexclusión voluntaria que se suscriba tendrá validez respecto de todas las salas de juego del país, y no solo respecto del casino donde se presenta el formulario de autoexclusión, como ocurre hasta ahora.
En materia de juego ilegal, la Superintendencia destacó el apoyo técnico a la Subsecretaría de Hacienda en la preparación de indicación al proyecto de ley que refuerza la prohibición de la explotación comercial de máquinas fuera de los casinos legales, aumentando la sanción penal e incorporando el delito de juego ilegal al catálogo de delitos base se lavado de activos.