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26 de Mayo de 2019

El objetivo es que el Estado mantenga las participaciones que recibe de parte de los operadores de juego

El Ministerio de Economía de Panamá presentó un proyecto para modificar la ley impositiva

El Ministerio de Economía de Panamá presentó un proyecto para modificar la ley impositiva
El proyecto se elaboró en cumplimiento del fallo de 9 de febrero de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró incosntitucional el primer párrafo del artículo 61 del Decreto Ley N°2 de 10 de febrero de 1998.
Panamá | 13/03/2019

Los administradores-operadores de salas de máquinas tragamonedas Tipo A, de casinos completos y de la sala de máquinas tragamonedas del Hipódromo Presidente Remón pagarán a la Junta de Control de Juegos el 18% de los ingresos brutos de las máquinas tragamonedas Tipo A, y los casinos completos pagarán el 12% de los ingresos brutos de las mesas de juego en forma mensual.

E

l Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley por medio del cual se modifica el primer párrafo del artículo 61 del Decreto Ley N°2 de 10 de febrero de 1998, en cumplimiento con el fallo de 9 de febrero de 2017 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, informó el portal Metro Libre.

El proyecto mantiene las participaciones que recibe el Estado en el artículo 11 de la Ley N° 28 de 8 de mayo de 2012: los administradores-operadores de salas de máquinas tragamonedas Tipo A, de los casinos completos, así como de la sala de máquinas tragamonedas del Hipódromo Presidente Remón, pagarán a la Junta de Control de Juegos el 18% de los ingresos brutos de las máquinas tragamonedas Tipo A y los casinos completos pagarán el 12% de los ingresos brutos de las mesas de juego en forma mensual. Esto, previo cumplimiento del informe requerido a la Contraloría General de la República, según lo ordenó la Corte Suprema de Justicia.

El fallo declaró inconstitucional el primer párrafo de la norma mencionada debido a que se aprobó sin contar con el informe previo de la Contraloría General de la República, dirigido a garantizar las rentas sustitutivas de los ingresos que se dejarían de percibir a causa de los cambios introducidos y sobre la efectividad fiscal de tales rentas sustitutivas.

La Corte Suprema de Justicia difirió los efectos de este fallo hasta un año después de publicado en Gaceta Oficial, lo que ocurrirá el 30 de abril de 2019, para que en este periodo de tiempo las autoridades competentes tomen las previsiones para evitar que quede un vacío normativo que afecte los ingresos del Presupuesto General del Estado.

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