El gobernador de Puerto Rico convirtió en ley la reforma que legaliza slots fuera de casinos

En una conferencia de prensa mantenida en el jardín de La Fortaleza, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, firmó la reforma contributiva acompañado por jefes de agencia, la cúpula legislativa y una decena de policías.

Sobre los alivios que garantiza la ley, reconoció que pudieron ser mayores, pero ponderó que son un “paso” en beneficio de los diferentes sectores. El proyecto comienza el proceso escalonado para eliminar el impuesto entre negocios o B2B.

En cuanto al fondo que se producirá con el dinero de las tragamonedas, indicó que una partida irá al fondo general y otra parte de hasta el 50% se destinará al fideicomiso de policías.

“Vamos a aliviar el peso contributivo a puertorriqueños, inducir la transición de economía informal a la formal y potenciar el desarrollo y crecimiento económico en Puerto Rico. Están aquí para ayudar a nuestra gente como lo está ayudando el nuevo modelo de salud”, declaró el Gobernador.

Por su parte, la Junta de Control Fiscal (JCF) expresó preocupación tras la firma de la Reforma Contributiva por entender que la inclusión de 25.000 tragamonedas no es “neutral” para las recaudaciones del erario.

De acuerdo con la entidad que vigila las finanzas del país, no recibió la información necesaria para dar paso a la legislación aprobada el mes pasado por ambas cámaras del Capitolio. “La Junta de Supervisión (Control) ha expresado reiteradamente su preocupación de que las disposiciones de videolotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco pues el Gobierno y la Legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del Plan Fiscal del Gobierno”, sostuvo en un comunicado el grupo de siete personas nombrados por el Congreso.

El organismo precisó que para el 19 de este mes la administración de Ricardo Rosselló debe presentar documentación que certifique que la Reforma Contributiva cumple con el Plan Fiscal. “Hasta el momento en que se reciba la certificación, la Junta de Supervisión no hará más comentarios sobre este tema", concluye el parte de prensa.

En la misma línea se expresó la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, en inglés). El gremio que representa el sector turístico privado en el país reafirmó ayer que la reforma contributiva no es neutral, "pues canibalizará ingresos existentes que recibe el gobierno de la operación de casinos".

"El estudio de Spectrum Gaming Group, comisionado por la Compañía de Turismo (CTPR), evaluó el impacto de legalizar las tragamonedas fuera de los casinos y concluye que la reducción en los ingresos de casinos rondaría entre $149 y $195 millones", sostuvo Clarisa Jiménez, presidenta y principal oficial de la PRHTA.

"Esto se traduce en pérdidas para la Universidad de Puerto Rico (UPR) de hasta $35,4 millones anualmente, mientras el fondo general y la CTPR perderían hasta $42,5 millones cada año. Estos números imposibilitan que la medida pueda ser neutral. Aun cuando las tragamonedas produzcan algún recaudo, las pérdidas multimillonarias que proyecta Spectrum van a descuadrar la caja", objetó.

Durante el proceso legislativo sobre la reforma contributiva, la Junta de Supervisión Fiscal, recordó Jiménez, solicitó al gobierno estudios que demostraran que la legalización de las tragamonedas que operan fuera de los casinos no tendría efecto de canibalizar ingresos existentes, particularmente aquellos que recibe la UPR y la CTPR.