El titular del IPLyC de Buenos Aires negó que la regulación del juego online tenga fines recaudatorios

La Legislatura de la provincia aprobó el martes la Ley Impositiva 2019, que introduce una regulación y nuevos gravamenes para las apuestas online. Esto generó la respuesta de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que el miércoles difundió un comunicado crítico en la que considera que con ello, entre otras cosas, “convierte en un casino” cada hogar.

La Iglesia rechaza que se justifique la medida con el argumento de que “este negocio se da en la clandestinidad”, critica que “se anteponga un objetivo meramente recaudatorio de un negocio de unos pocos sin considerar los daños que deja” y lamenta que “no tuvo la posibilidad de ser discutido por la sociedad”. 

Tras enumerar una serie de acciones que viene llevando a cabo la provincia de Buenos Aires para contener el juego, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), Matías Lanusse, respondió a través de una carta enviada a la Pastoral que “en la actualidad se encuentran en funcionamiento y operando cientos de páginas que ofrecen este sistema (de apuestas online)".

“La oferta está ahí, al alcance de la mano y sin ningún control. No podemos negar esta realidad. Hasta hoy todo pasaba dentro de un vacío legal que dejaba a las personas en una situación de extrema vulnerabilidad por falta de información y control”, señala en la misiva, reproducida por el diario Clarín.

“No hacer nada significa mirar para otro lado y no estamos dispuestos a eso. Esta legislación y su reglamentación nos van a permitir ejercer límites para cuidar y proteger a los vecinos, reducir el riesgo de adicción y enfermedad, y establecer un marco legal para lograr que la actividad no crezca”, remarca Lanusse.

Además, enfatiza que esta medida no es impulsada por un interés recaudatorio: “Lejos de eso y de promover este tipo de juego, el cobro del tributo propuesto es solo un medio para un fin de control de la actividad y protección ciudadana”.

En una consideración general de la problemática del juego, Lanusse advierte que durante años creció de manera persistente y el Estado miró para otro lado. “Sabemos que para muchas familias bonaerenses esto no es un entretenimiento, sino un problema. Pero desde el primer día tomamos la decisión de enfrentarlo, combatir el juego ilegal y reducir el juego legal”.

En ese sentido, asegura que este Gobierno demostró con decisión y acciones concretas que no está dispuesto a dejar que el juego crezca y afecte a los más vulnerables de la sociedad. Por caso, menciona el cierre de tres casinos, dos bingos, la no habilitación de nuevas agencias oficiales de lotería ni la instalación de máquinas tragamonedas, y el primer llamado a licitación pública en 23 años para la administración, renovación y mantenimiento de las 3.860 máquinas existentes antes de su gestión.

Vale recordar que desde el Frente Renovador, partido opositor liderado por Sergio Massa, confirmaron que seguirán reclamando que haya una instancia en la Legislatura de contralor del nuevo sistema, en concreto, una comisión bicameral específica de seguimiento. Por su parte, la senadora María Teresa García, presidenta del bloque opositor del FPV-PJ, analiza ir a la Justicia para revertir lo relacionado con la regulación del juego online.