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25 de Octubre de 2020

Argentina

Oposición política a la apertura del juego online en la provincia de Buenos Aires

Oposición política a la apertura del juego online en la provincia de Buenos Aires
María Teresa García, presidenta del bloque del FPV-PJ en Senadores, provincia de Buenos Aires.
Argentina | 03/12/2018

La presidenta del bloque del FPV-PJ en Senadores, María Teresa García, adelantó que buscarán impedir la medida y señalaron que “se trata de una modificación de la ley del juego” encubierta, además comentaron que bunscarán el apoyo de la Iglesia Católica.

A

unque Cambiemos parece tener los números necesarios para aprobar el Presupuesto y la Ley Impositiva hoy, desde el bloque de Senadores provincial del FPV-PJ no bajan los brazos con respecto la regulación del juego online. Desde la bancada kirchnerista ya avisaron que irán a la Justicia si esa normativa es sancionada en la Legislatura.

Así lo adelanto la presidenta de ese espacio, María Teresa García. La dirigente de San Isidro relató que ya prepara un pedido de “inconstitucionalidad” porque, a su entender, se trata de una “pseudoprivatización” y un “modificación de la ley del juego”.

“Este proyecto es un copiar y pegar de la legislación de España, pero sin los artículos de regulación, límite a la publicidad o control de la ludopatía”, agregó García. La ex Diputada Nacional catalogó esta iniciativa oficial como “un escándalo” y se preguntó: “A qué se debe que, si es tan bueno e inofensivo el proyecto, no lo manden como una modificación de la Ley del Juego por separado, para debatirlo y no junto con el Presupuesto 2019”.

García apuntó sus críticas a María Eugenia Vidal, a quien acusó de “dar discursos contra la mafia del juego” y después “esconder la ampliación del juego para meterlo de sorpresa”.

La “Regulación del juego online” figura en el Título VIII de la Ley Impositiva 2019, entre los artículos 145 y 170. Según el texto, el Instituto Provincial de Loterías y Casino podrá licitar siete licencias para explotar las modalidades online, electrónica e interactiva.

Cada licencia será un “título habilitante” y cada operador deberá responder por las demandas técnicas y de software correspondientes, y colaborar con la erradicación de la ludopatía y el juego ilegal. Los interesados deberán, además, residir en la Provincia e inscribirse en Ingresos Brutos.

“No se puede creer que no hayan puesto ninguna mención al lavado de dinero cuando en el mundo esta actividad es una de las más sospechadas”, agregó García, quien se mostró proclive a debatir esta problemática pero “de otra manera”.

García agregó que ya habló de su preocupación con el Episcopado y comentó que “muchos intendentes están preocupados por el impacto en los barrios, entre los sectores más vulnerables”. Queda por saber este acompañamiento estará a la hora de la votación.

El planteamiento legal de García ser basará en citar el Artículo 37 de la Constitución Provincial, en el cual se aclara que “todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley”.

En tanto, según el mismo apartado, “la Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”.

Desde el equipo de la senadora entienden que, “en el caso de la propuesta de juego online, se otorga un 8% al estado para simular una pseudo explotación pública, pero en realidad el negocio es para los privados”, lo que colisionaría con ese punto. Otra dificultad señalada por García es que el Artículo 147 de la propuesta establece que “la organización y explotación de las actividades objeto del presente título podrá ser, según cada caso, efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires”, lo que sería “una clara oposición de la Carga Magna bonaerense”.

Por último, está el uso de los recursos. “El artículo 166 del proyecto establece que ese 8% que irá a rentas generales será destinado a educación, promoción y asistencia social. El proyecto omite que la Constitución manda políticas efectivas de salud y no prevé que los fondos recaudados por juego se puedan aplicar a educación”, completó.

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