En la misma causa, Osar Alarcón, exdirector de Ceremonial de Lotería del Chubut, seguirá con prisión domiciliaria y tobillera electrónica y tendrá permitidas las salidas a la Municipalidad de Trevelin por el lapso de tres meses.
La audiencia se realizó en Rawson, capital provincial, y al ingresar a la sala el juez Nieto Di Biase planteó su molestia por la ausencia de varias de las partes. A raíz de los problemas de algunos abogados que no estaban en Rawson por distintos motivos, se fijaron en esos casos nuevas fechas para los ausentes.
Luego se dieron a conocer los cargos en su contra a Diego Correa, Alarcón, Dahhur, Jordan Salinas y Martín Villegas, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para eventos.
Entre los hechos imputados se encuentra la acusación contra Alarcón y Correa por haber autorizado la contratación de la empresa Sono Eventos en 48 ocasiones entre 2016 y 2017.
En otro hecho está imputado Federico Verdeau, también exfuncionario de Lotería que estuvo ausente en la audiencia, al que le habrían pedido y autorizado la autocontratación de Sono Eventos en 89 oportunidades entre 2016 y 2018, para sonido, iluminación y en eventos de Telebingo y Lotería del Chubut, con participación de Salinas y Villegas.
Las imputaciones planteadas fueron para Correa como jefe de asociación ilícita, además negociaciones incompatibles con su función y peculado. Para Dahhur, organizador de asociación ilícita, y para Villegas como integrante. En el caso de Alarcón, negociaciones incompatibles con la función pública.
Según las cifras brindadas en la exposición de los fiscales, el perjuicio al Estado por las casi 140 contrataciones llega a los 2 millones de pesos y fueron consagradas entre 2016 y 2017. Los fiscales Alejandro Franco y Fabián Papaiani indicaron que este grupo de imputados “montaba toda una infraestructura con dineros obtenidos ilegalmente para destinarlos a seguir estafando al Estado mediante las contrataciones en Lotería”. Asimismo, argumentaron el pedido de medidas de coerción debido a los peligros de entorpecimiento y de fuga “habida cuenta de la pena que les podría caber”.