Edición Latinoamérica
06 de Agosto de 2020

Redujo de 500 a 250 el tope de máquinas por operador

La Legislatura de Puerto Rico aprobó la legalización de tragamonedas con más límites

La Legislatura de Puerto Rico aprobó la legalización de tragamonedas con más límites
En el Senado de Puerto Rico, la reforma recibió 19 votos a favor y 9 en contra, incluyendo el de las minorías y el senador del Partido Nuevo Progresista Eric Correa. El presidente de la Cámara alta cuestionó a la Junta de Control Fiscal por las slots.
Puerto Rico | 14/11/2018

La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron anoche las enmiendas sometidas al proyecto de la Cámara 1544 que establece la reforma contributiva. La medida pasa ahora a la firma del gobernador Ricardo Rosselló. Se mantuvo el número máximo de legalización de máquinas fuera de casinos en 25.000 durante los primeros dos años. Sigue la controversia entre los legisladores y la Junta Federal de Control Fiscal.

L

a reforma contributiva fue aprobada de forma electrónica en la Cámara con 28 votos a favor y dos en contra. Mientras que en el Senado la medida recibió 19 votos a favor y nueve en contra, incluyendo el de las minorías y el senador del Partido Nuevo Progresista Eric Correa.

La medida pasa ahora a la firma del gobernador Ricardo Rosselló. Por tratarse de la aprobación de un informe del comité de conferencias, la medida no tenía que ser debatida en los hemiciclos.

Más temprano, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, había anticipado que se reducirá de 500 a 250 el número máximo de máquinas tragamonedas o de entretenimiento que pueda poseer cada operador. “Hay otras enmiendas que son puramente técnicas que se corrigieron en el informe de conferencia”, explicó Méndez tras ofrecer un informe ante los miembros de la Cámara sobre los logros de esta sesión.

“Ningún individuo, entidad o corporación podrá ostentar más de 250 máquinas de juegos de azar, por grupo de entidades relacionadas, según definido en la Sección 1010.05 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como ‘Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico’, y, en caso de individuos, por todas sus actividades de industria o negocio”, lee la medida en la sección 11 del artículo 140.

El costo de los derechos por cada licencia o renovación de las licencias del fabricante, y del distribuidor y proveedor de bienes y servicios tendrá un cargo de $3.000 cada dos años, pagaderos a favor del Departamento de Hacienda, agrega el texto.

Se mantuvo el número máximo de legalización de máquinas en 25.000 durante los primeros dos años. Para el tercer año, un posible aumento estaría sujeto a los resultados de un estudio de la Compañía de Turismo.

Méndez indicó que la reducción en el número de máquinas no tiene un impacto mayor en las recaudaciones proyectadas. “Con el buffer zone que se está estableciendo más la reducción en las máquinas, lo que representa es una reducción de alrededor de $10 millones, pero eso es siendo conservadores. Nosotros estamos hablando de que cada máquina va a generar alrededor de $40”, agregó Méndez.

En una reunión sostenida con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, ésta le exigió a la Legislatura un alza en las garantías de ahorro del gobierno para atender cualquier posible desfase causado por la aplicación de la reforma, estudios que validen que la legalización de sobre 25.000 máquinas tragamonedas no tendrá un impacto adverso en los ingresos del gobierno, y añadir un lenguaje que limite los poderes del secretario de Hacienda para fijar acuerdos contributivos con personas y corporaciones deudores.

A pesar de que la Asamblea Legislativa entregó los estudios que, sostienen, validan que la legalización de las tragamonendas no tendrá un impacto adverso en los recaudos del gobierno, Jaresko sostuvo este lunes que la JSF no ha recibido información de la Legislatura que justifique la nueva política pública en materia de tragamonedas.

Además, declararon que la regulación de las tragamonedas que operan fuera de los casinos es inconsistente con el plan fiscal certificado. “Hasta tanto la junta pueda convencerse con datos y estudios que demuestren que la propuesta de videolotería no canibalizará los ingresos existentes del plan fiscal, la perspectiva de la junta es que esta porción del proyecto de ley no tiene un efecto neutro sobre los ingresos y sigue siendo inconsistente con el plan fiscal”, advirtió Jaresko.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, había denunciado la mañana del martes presuntos intereses ocultos de la Junta Federal de Control Fiscal en la propuesta de regulación de más de 25.000 máquinas tragamonedas de la nueva reforma contributiva.

"Lo que ocurre es que el argumento que usan para la videolotería es que podría ponerse en peligro lo que generan los casinos. Si ese es el argumento, hay voces que dicen que si se eleva el impuesto que aplica a la Ley 154 pondría en peligro cerca de $2.000 millones en el presupuesto", comentó el líder legislativo previo a la celebración de una vista de nombramientos que se celebró ayer en el Salón Leopoldo Figueroa del Capitolio.

Deje un comentario
Suscripción al Newsletter
Suscríbete para recibir las últimas novedades
Ingrese una cuenta de email válida
Complete el captcha
Muchas gracias por haberte registrado a nuestro newsletter.