El gremio de hoteleros reclama mayor transparencia y consistencia en el proyecto de video lotería

El presidente de la PRHTA, Pablo Torres, insinuó el viernes pasado que la ausencia de una evaluación seria y pública de la propuesta para legalizar las máquinas mediante vistas públicas llevó a la dirigencia política a proponer “muchas causas nobles”.

Torres se refirió a propuestas como la que hizo el jueves el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de utilizar el dinero que se recaude mediante la legalización de estas máquinas para reforzar el retiro de los policías. Mientras que el presidente de la Cámara, Carlos Méndez, propone utilizar esta medida como la fuente de recaudo que solicitan los municipios para apoyar la eliminación del impuesto al inventario.

“Nos sorprende la improvisación. Cada día surge un nuevo uso que intenta justificar la legalización de estas tragamonedas. Se ha propuesto para los municipios, para el impuesto al inventario, para las lanchas de Vieques y Culebra, bono de Navidad, subsidios a agricultores y ahora para el retiro de la Policía”, enumeró, según publica el diario Vocero de Puerto Rico.

No obstante, Torres hizo la salvedad de que en su opinión los policías merecen un retiro digno, que se sustente con una fuente de ingreso confiable. “Nuestros hombres y mujeres de la Policía merecen un retiro digno y seguro que se base en una fuente de ingresos confiable y no en una apuesta a una medida que nadie ha podido ver, evaluar, ni validar en términos económicos, fiscales y actuariales”, precisó.

Según estimaciones de la Cámara, en Puerto Rico hay 60 mil máquinas de videolotería, de las que se cree unas 20 mil operan sin pagar impuestos al gobierno. Méndez opinó esta semana en entrevista radial por WKAQ que el Estado no recibe una gran fuente de ingresos en ese sector porque “no hay una conexión entre esas máquinas y el Departamento de Hacienda”.

En tanto, Torres indicó que las propuestas del gobierno ignoran las pérdidas multimillonarias que tendrían el gobierno y la Universidad de Puerto Rico (UPR). “Se estaría sacando dinero de un lugar para usarlo en otro”, cuestionó.

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo ofrecieron hasta el momento una cifra certera de lo que produciría esta iniciativa. Sin embargo, las estimación oscilan entre $70 millones y $160 millones.

“El estudio de Spectrum Gaming Group, solicitado por la Compañía de Turismo, evaluó el impacto de legalizar 30 mil tragamonedas fuera de los casinos y concluye que la reducción en los ingresos de casinos rondaría entre $149 millones a $195 millones. Esto se traduce en pérdidas para la UPR de hasta $35,4 millones anualmente, mientras el fondo general y la Compañía de Turismo perderían hasta $42,5 millones cada año. Estos números imposibilitan que la medida pueda ser de ingreso neutral. Aun cuando las tragamonedas produzcan algún recaudo, estas pérdidas multimillonarias van a descuadrar los recaudos”, advirtió Torres.