Edición Latinoamérica
03 de Agosto de 2020

El gobernador respalda la iniciativa de Representantes, pero el Senado y la PRHTA la rechazan

El proyecto de video lotería sigue generando divisiones en Puerto Rico

El proyecto de video lotería sigue generando divisiones en Puerto Rico
"No hay forma de que en el Senado de Puerto Rico aprobemos una video lotería", declaró el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Puerto Rico | 12/10/2018

El mismo día que el gobernador Ricardo Rosselló se mostró a favor de la medida para generar más fondos al erario, y en que la Comisión de Hacienda explicó en detalle la regulación de las tragamonedas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró que no dará el aval a ninguna legislación relacionada. Representantes rechazaron la carta que envió la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA) al fiscal general, donde advierten por una potencial derivación del proyecto al lavado de dinero.

E

l presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró que no dará el aval a ninguna legislación relacionada con la video lotería. “Por si acaso hay un cabildero que toca puertas en Fortaleza, en la Cámara o en el Senado, no hay forma de que en el Senado de Puerto Rico aprobemos una video lotería”, sentenció el presidente senatorial en el programa Jugando Pelota Dura.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Antonio Soto, expuso en una mesa redonda junto al sector privado que podrían generar hasta $160 millones en ingresos con la regulación de las máquinas tragamonedas para adultos que entreguen premios en efectivo.

El legislador precisó que se encuentra en el proceso de determinar cuánto dejarían de recibir los municipios al eliminarse el impuesto al inventario, cifra que se estima entre los $219 a los $261 millones. “El ingreso de las tragamonedas va  a ir al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), no al fondo general”, aseguró.

El representante indicó que se reunió con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, para que evalúe la legislación para fiscalizar las tragamonedas y así sustituir los ingresos del impuesto al inventario.

También precisó que la fiscalización de la video lotería, que estará dentro de la reforma contributiva, incluirá unificar el precio del marbete (rotulado) por máquina, ya que actualmente existen dos leyes que contradicen el monto de este permiso. Una lo ubica en $300 mientras que la otra llega a los $3 mil. Según publica el diario local Metro, declinó precisar el monto que finalmente tendrá el marbete, pero indicó que la nueva medida propone un marbete y una licencia para operar las máquinas, y que el precio sería por debajo de los $3 mil.

Además, Soto anticipó que la División de Juegos de Asar estará a cargo de la fiscalización de las tragamonedas, ya que se pedirá una verificación de antecedentes a los dueños de las máquinas, estas deberán estar interconectadas y habrá un máximo de máquinas por comercio.

Carta de la PRHTA al fiscal general de Estados Unidos

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, rechazó que la legalización de las tragamonedas que se contempla como parte de la reforma contributiva abra las puertas al lavado de dinero en Puerto Rico.

El líder cameral rebatió así el contenido de una carta que envió la principal oficial ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, en inglés), Clarissa Jiménez, al secretario de Justicia federal, Jeff Sessions, para alertarlo sobre esa posibilidad si se integraba el asunto de las tragamonedas al proyecto de reforma contributiva. “Esta es una jurisdicción que está tratando de legislar sobre algo permitido en otras jurisdicciones”, afirmó Méndez.

“Las autoridades locales van a reglamentar unas máquinas que están existentes, que están al garete, que no hay ningún tipo de fiscalización, generan ingresos y ni el Estado ni los municipios están participando”, agregó, al sostener que se persigue conectar estas máquinas con el sistema del Departamento de Hacienda para que el dinero llegue al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

Méndez también negó que se pretenda, desde la Legislatura, establecer un tipo de “súperbarril” para distribuir entre los municipios el dinero generado por las máquinas de entretenimiento para adultos.

En la misma línea se expresó Soto: “Lo que nosotros estamos diciendo es que esa actividad comercial se regule, se formalice. Que se ponga sobre la mesa, esté bajo la fiscalización del gobierno de Puerto Rico y produzca dinero que revierta en servicio para la gente sin que sea una contribución adicional. Eso es hacer las cosas bien. Cualquier otra cosa, es tratar de tapar el cielo con la mano y de velar por intereses particulares”, observó.

Respaldo del Gobierno

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se mostró favorable a la legalización de las máquinas tragamonedas repartidas por los establecimientos de toda la isla como forma de recaudar fondos. En conferencia de prensa, insistió en que está a favor de la reglamentación como forma de evitar la ilegalidad.

"Ese capital se pueda invertir en algunas áreas de alta necesidad. Pudiéramos estar hablando de los subsidios a la agricultura y el bono de Navidad entre otras cosas", destacó.

Vale recordar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó en 2016 que se interrumpiera la legalización de las máquinas tragamonedas al acoger una petición de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA).

La entidad recurrió al alto tribunal para que se declarara nulo el Reglamento Operacional de la Lotería Adicional y el Reglamento de los Vendedores de Jugadas de la Lotería Adicional por, según la asociación gremial, contravenir varias leyes locales.

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