El Gobierno chileno definirá en los próximos días fórmula para legislar sobre máquinas no incluidas en la Ley de Casinos, también conocidas como “casinos populares”. “Estamos trabajando en el Ministerio de Hacienda en alternativas legislativas en relación con el tema de los tragamonedas”, indicó el subsecretario de la cartera, Francisco Moreno Guzmán, al reconocer la disponibilidad del Gobierno de presentar en los próximos días una propuesta frente al debate que se lleva adelante en el Senado para regular la actividad de estas máquinas.
Hasta ahora, dentro del Gobierno chileno hay más de una postura sobre la forma en que el Poder Ejecutivo podría incidir en la tramitación del proyecto de ley que busca legalizar las máquinas tragamonedas de barrios -distintas a las de casinos que están reguladas- y que avanza en el Senado.
Por una parte, están quienes creen que no se debería legislar para que el mercado de los tragamonedas no prolifere. Y por otro, existen opiniones que apuntan derechamente a regular. La decisión está en manos del Ministerio de Hacienda, donde se prepara una fórmula para intervenir en el proyecto que en 2013 ingresaron cuatro senadores (Ximena Rincón, Fulvio Rossi, Carlos Bianchi y Jaime Quintana) y que este año se aprobó en general en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.
“Por parte del gobierno hay una disposición y una voluntad a legislar sobre el particular en virtud del debate que se está generando en la Comisión de Gobierno al interior del Senado”, afirmó el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.
En las próximas semanas, Moreno se reunirá con el presidente Sebastián Piñera para presentar las opciones y definir una postura. Para ello tomó contacto con varios intervinientes en la tramitación. Entre ellos, escuchó a la Superintendencia de Casinos y Juegos, que comanda Vivien Villagrán, una entidad firme opositora a legalizar. Del mismo modo, un equipo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres) se encuentra analizando los efectos que provocó la legalización en otros países, como Perú.
Todo esto, luego de que el Senado aprobó el 22 de agosto pasado la idea de legislar en la materia por votación unánime de los cinco senadores de la Comisión de Gobierno: Pedro Araya (ind.), Carlos Bianchi (ind.), Rabindranath Quinteros (PS), Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).
Fue durante ese debate que los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo zanjar el destino de la propuesta. “En la comisión hay gente que votó a favor para que el gobierno tome la decisión. O lo declare ilegal o le pida a la Superintendencia de Casinos que los regule como corresponde. Por eso, que la pelota la tenga el gobierno y ahora tome una determinación”, señala el senador Quintero, quien durante su desempeño como alcalde de Puerto Montt otorgó patentes municipales para el funcionamiento de máquinas tragamonedas, por lo que ahora es partidario de regular.
Otros, en cambio, como la senadora Ebensperger, están por establecer una prohibición más precisa a estas máquinas. La parlamentaria gremialista presentó una moción para definir lo que son las máquinas de azar como todas aquellas que entreguen un premio valuable en dinero. Con eso se busca eliminar la disyuntiva sobre si se trata de máquinas de azar o destreza. Esto, considerando que las primeras son permitidas sólo en casinos, pero sobre las segundas la ley no es expresa, y es bajo esa calidad que se otorgan las patentes.
La inminente intervención de la Segpres y de Hacienda en la tramitación de la ley marcará un giro en la actitud que el Ejecutivo sostuvo frente al tema en el primer gobierno de Piñera. Esto, porque en 2013, luego de que surgiera desde Hacienda la iniciativa para regular esta actividad, Interior le habría transmitido al mandatario que no podía ser su gobierno el que legalizara estas máquinas, por lo que, en esa ocasión, la iniciativa quedó truncada.
Ahora, la ofensiva legislativa coincide con la aparición de una arista política en la investigación respecto del negocio de las máquinas de juego. Hace algunas semanas, la Fiscalía Oriente allanó las dependencias de los integrantes de la asociación gremial que agrupa a operadores y empresarios de estas actividades, Fiden, y a algunos de sus asesores.
El Ministerio Público indaga posible cohecho en la entrega de patentes y presuntos aportes irregulares a campañas. Sin embargo, según fuentes consultadas, para el gobierno la investigación y la tramitación del proyecto corren por cuerdas separadas.
En febrero de 2017, la Fiden, representada por Sebastián Salazar y Jaime Curihual, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo económico en contra del contralor, Jorge Bermúdez.
La asociación recurrió al tribunal porque días antes, el 23 de diciembre, la Contraloría había restringido el otorgamiento de patentes para máquinas de juegos que, hasta entonces, era facultad de los municipios. Según la normativa, las máquinas de destreza no están prohibidas fuera de los casinos -como sí lo están las de azar- y bajo ese registro se otorgan patentes. Así, en su dictamen, la Contraloría exigió que fuera la Superintendencia de Casinos la entidad a cargo de certificar que cada máquina cumpla la condición de ser de destreza.
El tribunal de alzada acogió el recurso de Fiden en agosto pasado, pero la Contraloría apeló a la Corte Suprema y en los próximos días el ministro Carlos Aránguiz dará a conocer el fallo que se encuentra en acuerdo.