En el marco de una investigación de la UFI, en conjunto con la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal, integrada por miembros del Cuerpo de Inspectores del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se determinó una red de bancas que operaba a través de una gran cantidad de locales ilegales de apuestas de quiniela.
La causa quedó caratulada como “asociación ilícita y defraudación al Estado por violación al Artículo 301 Bis del Código Penal”, ya que esta actividad ilícita, desde fines del año pasado, dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito que prevé serias penas de cumplimiento efectivo en prisión.
Desde el comienzo de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, y gracias a la creación de la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal, se han intensificado este tipo de operativos en la provincia de Buenos Aires con la firme convicción de continuar con la lucha contra el juego clandestino.