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19 de Julio de 2019

La entidad espera que en Diputados se trate una nueva ley

Costa Rica: la JPS exige una nueva legislación para combatir la lotería ilegal

Costa Rica: la JPS exige una nueva legislación para combatir la lotería ilegal
La Junta de Protección Social (JPS) reconoce que tienen un accionar limitado para llevar adelante esta lucha en Costa Rica, ya que la Ley de Rifas y Loterías data de 1951 y permite la intervención sólo “cuando se trata de estafa”.
Costa Rica | 15/08/2017

La Junta de Protección Social (JPS) reconoce que tienen un accionar limitado para llevar adelante esta lucha en Costa Rica, ya que la Ley de Rifas y Loterías data de 1951 y permite la intervención sólo “cuando se trata de estafa”.

E

n los últimos tiempos, los comercios que ofrecen juegos ilegales ya no operan en la clandestinidad, sino que están a la vista del Gobierno, las municipalidades y la misma JPS, sin que se apliquen sanciones ni castigo a los infractores.

Han proliferado y es muy común ver en las ventanillas de los puestos que se ofrecen una diversidad de productos, como las loterías panameña, nicaragüense, dominicana, la lotería tica y parley, entre otras. Incluso existen comercios que se dedican a actividades regulares, como es el caso de ventas de bienes y servicios, y además -dentro de la gama de alternativas- ofrecen a sus clientes juegos ilegales.

Marcela Sánchez, jefe de asuntos jurídicos de la JPS, reconoció que saben de los casos, pues ya no operan encubiertos, pero confirmó que uno de los problemas que tiene la entidad es que la legislación actual remite a un delito de estafa, aspecto que a su criterio no se cumple, pues los clientes saben bien lo que compran y no son engañados por los que ofrecen los productos ilegales.

“Hay una normativa que lamentablemente no responde a las necesidades que tiene en este momento la sociedad, pues hay un hecho ilícito que se está dando abiertamente y debe haber una respuesta represiva del Estado ante ese hecho ilícito, y tenemos una norma totalmente desfasada, porque fue dictada a principios de los años 50… y la Costa Rica de los años 50 no es la misma que tenemos hoy en muchos aspectos, y el tema de la lotería ilegal no es la excepción”, afirmó Sánchez.

El año anterior, la JPS presentó un proyecto de ley con el que se busca combatir la lotería y tiempos ilegales, dicha iniciativa se encuentra en la corriente legislativa, bajo el número de expediente 20.153, con el que se pretende establecer multas y penas de cárcel para los que vendan y compran estos productos. Por ahora, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa se encuentra estudiándolo. El negocio de la lotería ilegal mueve miles de millones de colones sin control alguno, al punto que se estima que genera ganancias por más de 100 mil millones de colones al año.

Al consultarle sobre las multas que en este momento puede cobrar la entidad, como una forma para sancionar y desmotivar dicha práctica, reconoció que son muy bajas. De acuerdo con el artículo 3, de la Ley 1387, se impondrá una multa de 100 mil colones, o penas de 3 meses a 6 meses de prisión, a los empresarios, administradores o comisionados de rifas prohibidas. “Serán penados con multa de 10.000 a 100.000 colones quienes circulen listas de premios, sean poseedores de ellas o realicen propaganda de cualquier clase y por cualquier medio, respecto a rifas prohibidas”, añade la legislación.

Uno de los aspectos es que contemplan los delitos de estafa, previsto y sancionado por el Código Penal, pero en este sentido, Sánchez señaló que no hay estafa debido a que los consumidores, al solicitar esos productos ilegales saben lo que hacen y no hay engaño alguno.

“La estafa requiere de un engaño y un ardid como uno de los elementos para su configuración, pero aquí no estamos ante esto. Lamentablemente los consumidores saben lo que están comprando, que es un producto ilegal, al margen de la ley, incluso se arriesgan a que no les sean honrados los premios y aun así siguen consumiendo este tipo de producto. Estamos hablando de que es un tema que ha calado mucho en el consumidor”, explicó Sánchez.

Detalló que la entidad ha interpuesto acciones ante el Ministerio Público para su resolución, al tiempo que se siguen recursos administrativos cuando se trata de vendedores de la entidad. “Cuando estamos hablando de puntos de venta que tienen autorizaciones municipales o patentes comerciales, igualmente hacemos gestiones ante las distintas municipalidades, pero de momento, la normativa que nosotros tenemos que seguir aplicándola, seguir interponiendo las denuncias y seguir insistiendo en eso”, reseñó.

Sánchez señaló que se requiere que el tema sea visto con ojos de “un tema país”, el cual debe involucrar a las distintas instancias de seguridad, municipal, institucionales y de diversos poderes de las República, a fin de combatir este negocio ilegal.
Aseveró que la entidad ha realizado una serie de acciones comerciales a fin de llamar la atención de los compradores para que se inclinen más a comprar productos legales, pues las utilidades generadas van a financiar programas sociales que benefician a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y con problemas de salud.

“La acción de fondo es una normativa actualizada y acorde, pero también debe ir acompañada de todo el aparato y estructura para implementarlo. Se necesita la coordinación, de diferentes actores que tienen que ver con eso, estamos hablando sobre diferentes cuerpos de policía, del Ministerio Público, estamos hablando de la Jurisdicción Penal y otra serie de acciones que requerimos. Es un tema país, porque la institución puede hacer sus acciones, puede presentar sus denuncias, pero la Junta, por competencia, no tiene la posibilidad y no le compete sancionar ni aplicar una ley penal, por ello es que se requiere de toda una coordinación”, puntualizó.

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