Cordish ejecuta casi la mitad de los pagos a los dueños de los terrenos donde instalará el nuevo “Eurovegas”

La empresa ha efectuado menos de la mitad de los pagos a los propietarios de las parcelas que suman 124 hectáreas junto al aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mientras siguen cumpliendo con sus obligaciones para adquirir las tierras, la compañía estadounidense se mantiene a la espera de la respuesta de la Comunidad de Madrid, que ya tiene en su poder la documentación requerida por segunda vez para dar su aprobación al proyecto y convocar el imprescindible concurso público.

La compañía había suscrito una opción de compra sobre los terrenos, ubicados en la zona del Corredor de Henares de Madrid. Y desde que se firmó hasta ahora se han efectuado varios pagos, aunque no la totalidad. Según explica una portavoz oficial del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (8.000 habitantes), la empresa ha abonado dos de los seis pagos a los propietarios. “Los primeros pagos son más pequeños y los más cuantiosos son los últimos”, precisan. El objetivo: reducir el riesgo en caso de negativa de la administración a poner en marcha las obras.

Por otro lado, fuentes próximas a la empresa aseguran que en total son cuatro los pagos que ha de abordar la empresa antes de formalizar definitivamente la compra de los terrenos. De esos, en algunos casos se han completado dos y en otros tres, indican.
El dinero que deberá desembolsar en total la compañía es una incógnita. No se ha hecho público el acuerdo definitivo con los propietarios, pero la cantidad superará los 17 millones de euros. Según explicaron los responsables de la promotora, este dinero procede de fondos propios de la propia empresa y de la deuda.

Sin permisos de Madrid
Mientras avanzan los pagos, la Comunidad de Madrid sigue estudiando la documentación presentada por la empresa tras dos requerimientos consecutivos de información. Un portavoz oficial de la Consejería de Economía confirma que los técnicos revisan lo aportado en esta segunda ‘ronda’. No hay plazos definitivos para la ‘luz verde’, pues el plazo de 30 días que otorga la normativa a la administración para estudiarlo se suspendió en la primera petición de información.

Según explican, desde la gobernación se le ha requerido que amplíe más datos sobre las fases de construcción del centro de ocio, los plazos de ejecución o la inversión que será necesaria, principalmente.

El proyecto se registró en la Comunidad de Madrid el 1 de diciembre, tras un año de conversaciones con la propia administración. Por tanto, lleva más de tres meses sobre la mesa, sin que haya habido una aprobación definitiva. Sin ella, no se puede arrancar el concurso público obligatorio por ley. A este se pueden presentar otras promotoras que planteen otros proyectos similares.