México

Legisladores manifestaron su rechazo al impuesto en Nuevo León

02-01-2017
Tiempo de lectura 1:44 min
Se trata de un gravamen del 10% que se aplicará sobre cada 100 pesos (unos USD 4,83) que se apueste. “Será muy complicada la manera de transparentar la aplicación y recaudación de este impuesto que se sacaron de la manga", sentenció diputado Juan Manuel Cavazos.

Luego de que el representante de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta en México (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa, denunciara que el impuesto del 10% a los casinos que se acaba de aprobar en Nuevo León “inhibe a la industria del entretenimiento” y que se trata de un gravamen que paga el ciudadano, legisladores hicieron énfasis en las “lagunas” de la reciente aprobada Ley de Ingresos 2017.

A pesar de que el paquete fiscal establece que el apostador, jugador, o cliente pagará el 10% de lo que consuma al establecimiento, y el casino entregará lo recaudado al gobierno estatal el 17 de cada mes, diputados señalan que no hay un reglamento o medida de fiscalización para comprobar los montos, número de clientes, ni cantidad de aportaciones.

Es decir, que los negocios no gozan de alguna protección de que el gobierno les quiera cobrar más o menos. Al respecto, el diputado federal de Partido Revolucionario Institucional, Juan Manuel Cavazos, indicó que tras aprobarse el Paquete Fiscal 2017 en fast-track, debido a que el poder ejecutivo no respetó la división de poderes, ocasionó que los diputados del Congreso del estado dejaran muchas “lagunas”.

Esta situación, indicó el congresista, traerá una ola de amparos sobre el presupuesto hecho “al vapor”, además de complicar la trasparencia y certeza de hacia dónde se destinarán los recursos y en qué cantidad serán recabados de este nuevo impuesto. “Será muy complicada la manera de transparentar la aplicación y recaudación de este impuesto que se sacaron de la manga".

“Simplemente, el casinero reportará lo que le convenga, y el ejecutivo exigirá lo que a su juicio cree procedente. Es una pifia jurídica grave, a consecuencia de un poder ejecutivo que no respeta y se entromete en el poder legislativo”, declaró el diputado federal.

Por otra parte, Luis Treviño, presidente de grupo Vertebra Nuevo León, señaló que con esta presión hacia las casas de juego se prevén también despidos de personal, y con ello el gobierno estará generando inestabilidad, donde los desempleados en estado vulnerable podrían pasar a las filas de la delincuencia para mantener sus hogares.

“A las empresas de entretenimiento se la hacen más difícil y se perderán empleos, y eso repercute en factores. Hay inseguridad, y hay mucha gente que no tiene trabajo”, declaró Treviño en una entrevista.

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