Joseph Weinberg, consejero delegado del grupo Cordish, presentó hace dos semanas su proyecto de ocio y juego en Madrid y recalcó que “la legislación actual es la perfectamente apropiada”, ya que podrá garantizarse la ausencia de competidores durante un plazo de hasta diez años.
La ley que regula este tipo de proyectos contempla que si estos complejos de ocio cuentan con casino, como sucede con Live! Resort Madrid, “no se autorizará la implantación en la Comunidad de Madrid de nuevos Centros Integrados de Desarrollo que contemplan la actividad de casino, de nuevos casinos, así como de ampliaciones o apéndices de los existentes”. Aunque esa ventaja tiene un límite temporal: no podrá ser superior a diez años.
Esta legislación se aprobó en diciembre de 2012, con Ignacio González como presidente autonómico. La Comunidad de Madrid quería proteger así la inversión de Sheldon Adelson ante posibles competidores. Tranquilizar al inversor norteamericano que había prometido invertir cerca de 36.000 millones de dólares (unos 33.900 millones de euros al cambio actual). El Live! Resort de Cordish es mucho más pequeño. Invertirá en Madrid cerca de 2.200 millones de euros (unos USD 2.338 millones), ampliable hasta 3.000 millones.
Esa cifra se destinará a la construcción en la localidad de Torres de la Alameda de hoteles, teatros, áreas comerciales, bares, restaurantes y de una zona de casinos y juego. Esta última será una zona limitada. Los directivos de Cordish aseguraron durante la presentación del proyecto que estos últimos espacios no ocuparán más del 10% de todos los terrenos de Live! Resort.
Por otra parte, la legislación de los Centros Integrados de Desarrollo también contempla la entrada tanto de menores como de personas con ludopatía. En cuanto a éstas últimas, “las personas inscritas en los Registros de Interdicciones Nacional o de la Comunidad de Madrid, podrán acceder a los centros, pero no podrán practicar ningún juego de suerte, envite o azar, usar máquinas de juego con premio ni participar en ningún género de apuesta”.
Y serán los propios casinos los que deberán controlar este tema. La regulación establece que los titulares de los Centros comunicarán a la Comisión de Control del Juego “los medios técnicos y humanos que dispongan para esta finalidad, debiendo ser considerados suficientes por la misma”.
Esa misma responsabilidad de supervisión con medios técnicos y humanos también tienen que ejercerla con los menores que podrán entrar en los casinos de los Centros Integrados de Desarrollo, algo que no sucede con el resto de locales similares. Eso sí, en ningún caso tendrán permitido participar. “No podrán practicar ningún juego, ni ningún género de apuesta cuando circulen por las salas de juego, debiendo ir siempre acompañados de un mayor de edad”. Además, serán estos acompañantes los “responsables de que los menores no permanezcan indebidamente en las zonas de casino o juego”.
La empresa: Global Cities Madrid Live
Los directivos de Cordish aseguraron hace un par de semanas que llevaban casi un año hablando de su proyecto con la Comunidad de Madrid. Las negociaciones se iniciaron bastante antes de que el grupo norteamericano desembarcara formalmente en España con una empresa propia. Cordish creó una filial en España el 31 de mayo de este año, según figura en el Registro Mercantil. Para ello decidió la denominación Global Cities Madrid Live.
Al frente de la compañía colocó a los dos hombres que presentaron el proyecto en Madrid. Como presidente y consejero delegado de la filial está Joseph Weinberg, quien también es CEO del grupo Cordish. Y, también como consejero, figura Abrahan (Abe) Rosenthal, vicepresidente de desarrollo del grupo estadounidense.
La sociedad ya está constituida pero aún no tiene el tamaño suficiente para lograr su objetivo. La ley madrileña establece que si se pretende la autorización para la realización de juegos en Centros Integrados de Desarrollo se requiere un capital social totalmente suscrito y desembolsado de 12 millones de euros (USD 12.756.100) Global Cities Madrid Live tiene actualmente un capital social de 60.000 euros (USD 63.780) y la sede actual tampoco está en Torres de la Alameda, sino en la localidad de Pozuelo de Alarcón.