El viernes ingresó a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2017, que exige al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) la transferencia de 250 millones de pesos (USD 16,4 millones) destinados a programas de salud y a hospitales.
Es, en rigor, la misma suma que se colocó en el Presupuesto de 2016. Aunque el objetivo no se cumplirá este año, según reconocen las autoridades del IPJyC, a pesar de haber elevado considerablemente los aportes que se realizaron en 2014 y 2015.
El gerente del IPJyC, Andrés Lombardi, confirmó que en lo que va de 2016 ya se han transferido 81 millones de pesos (USD 5,3 millones) de las ganancias de los casinos y del juego oficial a los programas y entidades de salud.
Lombardi especificó al respecto que, en 2014 y 2015, años en los que la conducción del IPJyC estuvo a cargo del justicialista Carlos Bianchinelli, las transferencias a la administración central fueron de entre 66 y 67 millones de pesos (unos USD 4,4 millones).
En este sentido, un comparativo elaborado en el IPJyC demuestra una escalada impresionante en el gasto de personal y de publicidad del organismo, entre los años 2009 y 2015. Mientras tanto, las transferencias para la salud eran variables, hasta que se desmoronaron definitivamente en los dos últimos años de gestión peronista.
La nueva gestión, en tanto, aspira a llegar a los 200 millones de pesos (USD 13,1 millones) este año en la columna de las transferencias a la Provincia. O sea, 50 millones de pesos (USD 3,2 millones) menos que lo que el presupuesto ponía como tope.
Este fin de semana se transferirían unos 20 millones (USD 1,3 millones), con lo cual, a tres meses de la finalización del ejercicio, los administradores del juego oficial se encontrarán a mitad de camino de lo que se proponen lograr.
Para Lombardi, los 250 millones de pesos que estable el Presupuesta 2017 es una cifra “alcanzable”, aunque aclara que se trata de una estimación ya que las transferencias reales dependen de la recaudación concreta del juego.
Lo que no es una estimación, sino una obligación legal para el IPJyC, es la remisión del 35 por ciento de la recaudación neta de los casinos y el juego oficial. Así lo plantean la ley de Responsabilidad Fiscal y el artículo 69 del presupuesto del año que viene. Ese artículo señala que "las transferencias netas que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos realice a programas especiales y/o rentas generales anualmente no podrán ser inferiores al 35% del total de ingresos".
Ese 35% se obtiene una vez deducidos "los premios otorgados al público, comisiones pagadas a las agencias oficiales, lo pagado por la captura y procesamiento de datos y lo pagado por el impuesto al juego, en los juegos de quiniela, lotería combinada y similares".
También corresponde deducir "los premios otorgados al público y el porcentaje correspondiente al operador por los servicios prestados en la explotación de las máquinas tragamonedas" y "los premios otorgados al público en los otros juegos explotados por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos", según especifica el artículo 69 del presupuesto.
No obstante, ese porcentaje de transferencia no se cumplió en los años anteriores. En el IPJyC hay quejas porque no hubo sanciones del Tribunal de Cuentas para las anteriores autoridades por no haber hecho las transferencias de los fondos de 2014. En ese caso, el organismo de control dio por salvado el reparo "habida cuenta de la tardía aprobación del presupuesto".