El Gobierno de Mendoza pagaría la mitad de la deuda pendiente con CEOSA

Las autoridades del Instituto de Juegos y Casinos están dispuestas a sentarse con el empresario Fernando Porreta para discutir las condiciones de la recepción final de la obra, que le significó al Estado mendocino unos 32 millones de pesos (USD  2,106 millones), cuando se había presupuestado 19 millones (USD 1, 250 millones).

La empresa CEOSA reclama unos 6 millones de pesos (USD 395.040), pero el Gobierno quiere reducir ese monto a la mitad, debido a la aplicación de multas y descuentos.

Las multas que quiere imponer el Instituto tienen que ver con demoras de la obra. Además, la mayoría de los ascensores no funcionan y el Gobierno argumenta que la empresa no cumplió con la instalación de las conexiones de gas.

El edificio ubicado en calle Irigoyen alberga a unos 200 empleados del IPJyC y a unos 50 de la Agencia de Ordenamiento Territorial, organismo al que se le cedió parte de un piso. Tiene tres en total, más una cochera en el subsuelo, pero deberían haber sido cuatro: el gobierno anterior nunca tramitó la autorización ante la Municipalidad de Capital para poder hacer un piso más, o bien hubo problemas financieros para agregarlo.

La obra se realizó en parte del terreno que ocupaba la escuela Mitre, la más vieja de Mendoza, que fue restaurada para convertirla en museo. Esa iniciativa también salió más cara de lo previsto: se iban a gastar 5,3 millones de pesos (USD 348.952), pero los costos se terminaron elevando a 8.3 millones (USD 546.472), según especificó el gerente de IPJyC, Andrés Lombardi.

El ex gobernador Francisco Pérez inauguró el edificio para el funcionamiento adminitrativo del IPJyC en mayo de 2015, pero las instalaciones recién fueron ocupadas en abril de este año. La nueva gestión aduce que hubo muchos problemas para habitarlo: aunque era nuevo, tenía goteras en la terraza y no se había instalado un grupo electrógeno.