El administrador de una sala ilegal de Bolivia fue sentenciado por enriquecimiento ilícito

Se lo acusó por favorecimiento al enriquecimiento ilícito, con una pena de seis años de privación de libertad que deberá cumplir en Palmasola, finalizando un proceso impulsado por la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) ante la justicia ordinaria.

El 29 de marzo de 2014, en horas de la madrugada, la AJ, junto a efectivos de la Policía del departamento de Santa Cruz, procedió al allanamiento de un inmueble, en inmediaciones de calle Tarija esquina Avenida Irala, en el cual se encontraron 41 máquinas de juego que funcionaban de manera ilegal, a puerta cerrada, además de dinero, mobiliario y equipos relacionados con esta ilícita actividad.

En la misma oportunidad fueron detenidas 22 personas, entre jugadores, personal de atención del local y el propio Raúl Añez Antelo, quien fue identificado como administrador de este local.

La AJ se constituyó en parte dentro del proceso penal instaurado en contra del administrador Añez Antelo, en calidad de querellante y víctima en representación del Estado boliviano, a través de su Dirección Regional de Santa Cruz.

La sentencia establece la pena en contra de Raúl Añez Antelo, en el entendido de que éste con su labor de administrador de la ilegal actividad ha favorecido al enriquecimiento ilícito de los propietarios de este establecimiento, pese a que éstos hasta ahora no han sido identificados, pero además se ha ocasionado daños a la economía del Estado al haber evadido el pago de tributos al fisco. A partir de esta sentencia, la AJ podrá demandar el resarcimiento del daño ocasionado en contra del Estado.

De acuerdo a las investigaciones, el ilegal establecimiento atendía a sus clientes de manera reservada, las 24 horas del día en tres turnos de ocho horas cada uno a partir de las siete de la mañana, habiéndose establecido una utilidad aproximada de alrededor de 12 mil bolivianos diarios.

La AJ, como parte de su mandato legal, impulsa el enjuiciamiento y sanción en varios procesos en distintas ciudades del país, contra quienes desarrollan este tipo de actividades ilegales, precautelando los intereses del Estado y la seguridad de quienes asisten a este tipo de establecimientos.