La justicia de Mendoza ordenó que siete de los 84 trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos de la provincia, a los que no se les renovó el contrato a principio de año, sean reincorporados a sus funciones.
Aunque el fallo todavía no está firme y ya fue apelado por el Gobierno, secretario general de los trabajadores de casinos estatales, Martín Caín lo consideró como un “freno” que le puso la Justicia al Poder Ejecutivo.
El dirigente gremial interpretó también que el fallo firmado por los camaristas Antonio Sánchez Rey y Viviana Gil, marca un precedente para la reincorporación de todos los empleados que se quedaron sin trabajo, por lo que adelantó que seguirán con las acciones sindicales para ubicarlos nuevamente en las dependencias del IPJyC.
Respecto a los despidos, Caín sentenció que el Gobierno “ni siquiera revisó los legajos” y que despidió indiscriminadamente sin siquiera estudiar los antecedentes de los trabajadores, quienes “algunos tienen hasta 10 años de antigüedad”.
Además, comentó que los pases a planta “están en paritarias que el actual Gobierno desconoce”, y también en el Convenio Colectivo de Trabajo, que plantea además los ingresos y ascensos “por concurso”.