El senador Fernando Bezerra Coelho propone varios cambios al texto original

Presentarán esta semana el nuevo proyecto para regular el juego en Brasil

El Gobierno Federal será el principal responsable de la supervisión de los juegos de azar, según el informe que el senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) presentará este jueves 4.
01-08-2016
Tiempo de lectura 1:09 min
El Gobierno Federal será el principal responsable de la supervisión de los juegos de azar, según el informe que el senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) presentará este jueves 4.

“Las modificaciones del proyecto se orientarán a reforzar la fiscalización con el objetivo de evitar que el juego de azar sea un instrumento para el lavado (de activos) o prácticas criminales”, explicó el legislador, según una nota publicada por Folha de S.Paulo. El nuevo proyecto quita a los estados la potestad de control establecida en el texto original.

Otro de los cambios que planteará Bezerra Coelho es la posibilidad de que parte de los tributos se destinen a un fondo para modernizar la Policía Federal.

Este punto es controvertido porque otros sectores también esperan recibir recursos, entre ellos los sindicatos, que argumentan que los destinarán a la previsión social.

El senador también considera la posibilidad de transferir la coordinación de la operación de los juegos de azar a la Caixa Econômica Federal, que actualmente ejerce el monopolio de la lotería.

Incluso el líder del Gobierno en el Senado, Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), solicitó cambios en la propuesta para aumentar la responsabilidad del Gobierno Federal en la fiscalización.

Como el nuevo texto se presentará el jueves, será analizado recién a partir de la tercera semana de agosto. Según Coelho, la propuesta sería votada a fin de mes. Si se aprueba, pasará a la Cámara.

“Existe la mayoría necesaria para aprobar el proyecto, pero los senadores queremos que se establezca una regulación y supervisión apropiadas”, señaló Coelho a Folha.

La propuesta ingresó a la pauta del Senado, pero el ponente solicitó su aplazamiento porque necesitaba conversar con organismos como la Policía Federal, el Ministerio Público Federal, el Ministerio de Planificación y la Caixa.

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