La Procuraduría General de la República se opone a la legalización del juego en Brasil

Mientras el Instituto Brasileño del juego (IJL) aboga por la legalización y la creación de un marco regulatorio para los juegos de azar, el Ministerio Público Federal (MPF) y la Procuraduría General de la República (PGR) rechazan rotundamente porque consideran que si se legaliza sólo permitirán a generar espacios para que se cometan delitos como el lavado de dinero.

En la vereda opuesta se encuentra Instituto Brasileño del juego (IJL). La entidad encargada de realizar estudios e investigaciones sobre los juegos, estima que el juego legal mueve hoy en día en el país unos 4.305.560 de dólares (14 millones de reales), mientras que el ilegal asciende a 6.150 millones de dólares (20 mil millones de reales). "Teniendo en cuenta estas cifras, y considerando que Brasil tiene juego legal e ilegal, creemos que es apropiado que el Congreso regule la actividad”, puntualizaron desde la entidad.

Desde la Procuraduría General de la República (PGR), argumentan que la regulación del juego apunta a legalizar el póker online, las slots y las salas de bingo, que atraería clientes de ingresos bajos y medios. Sostiene que para ese segmento el juego podría ser perjudicial debido a que “estas personas tomarían parte de los ingresos que usarían en el supermercado, el cine, la ropa para apostarlo en el casino", sentenció la fiscal Paula Peterson.

Sin embargo, desde el IJL insisten que si se legaliza el juego se hace posible controlar y recaudar con esta actividad. "Además, generará inversiones y nuevos puestos de trabajo, además de regularizar los empleos del juego clandestino", argumenta el periodista José Magno.

Otro punto que utiliza el PCR para argumentar su rechazo para regular la actividad en el país es que propiciaría el lavado de dinero. “Cuando los empresario del juego no puedan justificar sus ingresos van a empezar a lavar dinero”, denuncian.

Pero para la IJL “lavar dinero con el juego es costoso y arriesgado”. "La ley brasileña establece que los premios mayores a 3.000 dólares (10.000 reales) deben ser informados por los operadores de juegos de azar y loterías a la Junta de Control de Operaciones Financieras, órgano vinculado al Ministerio de Hacienda, responsable de controlar el lavado de dinero y de cobrar el impuesto del 27,5% sobre los premios”, detalla la entidad.

Respecto de la ludopatía, mientras PGR señala que el país no cuenta con centros especializados para tratar la adicción, el IJL se pueden crear campañas de educación para reducir al mínimo el impacto del juego.