Tras pagar el año pasado al Ayuntamiento en concepto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 446.249 dólares, lo que representó el 4,3% de los 10,104 millones de dólares que recaudaron por tasas de juego en el 2015, el presidente del Grupo DC y propietario del Casino de Asturias, José Antonio Díaz Carbajosa, solicitó rebajar el gravamen un 75%, con lo que se ahorraría 334.687 de dólares.
Según el empresario, hoy “la alta presión por las tasas de juego y la elevada tributación del IAE hacen que tener un casino sea inviable económicamente”. En su escrito, esgrime que la actual situación económica “es muy distinta” a la que existía hace diez años, cuando la sala de juegos abrió por primera vez sus puertas.
En este sentido, asegura que las cantidades jugadas por los clientes del casino se redujeron un 69%, lo que supone una caída de los ingresos brutos del 71,3%. Con este argumento, solicitó que se aplique lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que habilita a los ayuntamientos a bonificar determinadas actividades económicas hasta con un 95% en el IAE.
Carbajosa justifica el descuento del 75% en el impuesto considerando que su casino es de “especial interés en materia de promoción y equipamiento turístico”, así como representa “el mantenimiento y generación de empleo y el impulso económico” para la ciudad.
Desde el Ayuntamiento rechazaron su petición y aunque reconocieron que existe la posibilidad de bonificar el IAE, el ente no está obligado a hacerlo. “Nunca ha hecho uso de esa potestad”, señalan al tiempo que analizan que para su aplicación sería necesario modificar la ordenanza fiscal correspondiente y además el Estado no compensaría a las arcas municipales por el dinero que dejarían de ingresar con esa bonificación.
Respecto a los argumentos esgrimidos por Carbajosa, el único ítem que podría justificar la bonificación sería el fomento de empleo. Sin embargo, señala que el Ayuntamiento ofrece la exención total del pago del IAE durante los dos primeros años de actividad, la bonificación del 50% durante los cinco años siguientes y la posibilidad de reducir en un 25% la cuota del impuesto a quienes durante el año anterior hayan incrementado en un 10% el número de trabajadores con contrato indefinido.
La interventora concluye su informe advirtiendo de que atender la petición del Casino “puede poner en peligro la suficiencia financiera del Ayuntamiento”, ya que amparándose en este precedente otras empresas podrían solicitar también la declaración de “especial interés o utilidad pública” de sus actividades, con la consecuente merma de ingresos.