“Considero que es un grave error que la Cámara de Senadores de México no tome con seriedad a esta industria del juego”

Portilla Robertson es socio de Portilla, Ruy-Díaz y Aguilar (PR&A), una firma mexicana de abogados. Ofrece servicios legales integrales en materia corporativa, propiedad intelectual, inmobiliaria, contratos, inversión extranjera, fusiones y adquisiciones, litigio mercantil, litigio civil, protección al consumidor, arbitraje, consultoría preventiva de riesgos, penal, litigio y consultoría laboral, y fiscal, comercio exterior, migración, transporte, concurso mercantil y juicio de amparo.

El 3 de diciembre de 2014, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. Entonces, parecía que finalmente México iba a actualizar una legislación obsoleta. Sin embargo, la Cámara de Senadores aún no ha tratado el proyecto. Ni siquiera se ha establecido una fecha. ¿Por qué el proyecto se encuentra paralizado en Senadores? ¿Cree que finalmente lo tratarán este año? ¿Cuáles son sus expectativas?
La Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) vigente se remonta al 1947, cuando el presidente Miguel Alemán promulgó la Ley Federal de Juegos y Sorteos que otorgaba a la Secretaría de Gobernación (Segob) la facultad de autorizar y reglamentar los juegos con apuestas, por lo que ha permanecido intocada a lo largo de 65 años, de tal suerte que es el titular de la Secretaría de Gobernación quien casi unilateralmente fija las políticas públicas al respecto.

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En mi opinión, la discusión del proyecto de LFJAYS no puede esperar más y a decir del sector que ve con beneplácito su pronta entrada en vigor en México, esto debería suceder este año.

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No fue sino hasta el 1996 que se presentó al Congreso de la Unión y se aprobó el Reglamento a la LFJS (RLFJS), con el que se pretendió no solo dar mayor dinamismo a esta actividad, sino dar bases claras para el otorgamiento de permisos para la apertura e instalación de casinos en México, así como una seguridad a los inversionistas y público en general, buscando crear una industria productiva y generadora de empleos y recursos para el Estado, máxime cuando éstos -en muchos casos- operaban a través de resoluciones protectoras emitidas por Tribunales Federales de Amparo e incluso, a través de autorizaciones emitidas por autoridades estatales o municipales.

Lo que es una realidad es que dicho reglamento, al encontrarse limitado por el propio texto de la ley, no puede ir más allá de lo dispuesto en ella, de tal suerte que el diseño de la política sobre el juego y las apuestas en México continúa dependiendo de la discrecionalidad del ejecutivo. Buena prueba de ello es que incluso la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob se viera obligada a resolver a petición de parte interesada las omisiones o vaguedades de la LFJS a través de simples “Confirmaciones de Criterios”, las cuales en ocasiones no solo eran contrarias al contenido de la propia LFJS, sino incluso iban más allá de lo que esta ley permitía o regulaba, como sucedió con las interpretaciones efectuadas al Artículo 124 en sus fracciones II, III y IV, emitidas con objeto de dar entrada a las llamadas “máquinas tragamonedas y/o de sorteo de números o símbolos”.

Por ello y ante la falta de una adecuada y completa legislación que regulara la materia de juegos y sorteos, diversos partidos políticos se han dado a la tarea de preparar y presentar al Congreso de la Unión cuando menos cinco nuevos proyectos de Ley y/o Reglamentos, con el fin no solo de abrogar la LFJS en algunos casos, sino incluso de terminar con los problemas que se originaba al no contar con un marco regulatorio adecuado y completo. Sin embargo, por diversas circunstancias como lo fueron las posiciones o divisiones partidistas, realidades históricas como lo fue el crimen organizado e inclusive ante las propias deficiencias que caracterizaban a dichos proyectos, éstos no obtuvieron la anuencia de los demás partidos para su trámite y votación ante el Congreso de la Unión.

Más aún, desde la entrada en vigor del RLFJS se le han realizado diversas reformas a su contenido con objeto de buscar resolver los problemas que se presentaban día a día con su implementación y bajo el pretexto de permitir se regulara con mayor y/o mejor eficiencia la industria.

Sin embargo, esta situación originó que la Cámara de Diputados formara una Comisión Especial para investigar su otorgamiento y, derivado del resultado de la misma, inició una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra una reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicada el 19 de octubre de 2012 con la que el ex presidente Felipe Calderón autorizaba de facto el uso de máquinas tragamonedas. Entre otras controversias constitucionales se encuentran las identificadas con los números 123/2012 y 114/2013.

Precisamente y ante esta incertidumbre originada por la confusión legal y enorme discrecionalidad administrativa por la carencia de una adecuada y completa legislación, máxime si tomamos en consideración las nuevas modalidades tecnológicas de juego y captación de apuestas, como lo es por vía telefónica o Internet, así como la proliferación de sorteos especiales, la Segob -a través de su actual secretario el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong- se formó una Comisión Especial para indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el otorgamiento de Permisos para Juegos y Sorteos, integrada por especialistas en la materia, así como por representantes de los demás partidos políticos incluyendo al PAN, VERDE y PRD, con el objeto de crear un nuevo proyecto de Ley Federal que abrogara la actual LFJS y pusiera no solo orden a la industria de Juegos y Sorteos, sino incluso una mayor seguridad a los inversionistas y público consumidor.

Como resultado de estas mesas de trabajo pluripartidista e integrada por conocedores de la industria, se discutieron los lineamientos y se preparó precisamente el proyecto de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos (LFJAYS), la cual fue votada el día 3 de diciembre de 2014 y aceptada sin reserva alguna por el pleno de la Cámara de Diputado. Como un acierto se puede mencionar la propuesta de trasladar las actuales atribuciones de la Segob a un Instituto Nacional de Juegos y Sorteos para que sea la autoridad a quien corresponda conceder los permisos a que se refiere la Ley, así como las políticas regulatorias, vigilar su cumplimiento y sancionar las omisiones o violaciones a la Ley. No obstante lo anterior, de manera absurda se continúa en espera de que se turne a mesa de trámite para discusión y aprobación del proyecto de Ley ante la Cámara de Senadores.
Mucho se ha especulado respecto a las razones por las cuales se encuentra aún en trámite la aprobación de la Ley por parte de los Senadores, así como las razones por las cuales ninguno de los partidos incluyendo al propio PRI por ser quien le dio origen a la misma, no los han puesto o señalado como parte prioritaria en su agenda legislativa, sin que exista una causa lógica que nos dé una respuesta clara de ello. Sin embargo, se han alegado diversas razones (ninguna oficial) para justificar su falta de trámite y discusión por el Senado, como lo ha sido los referentes a temas o periodos electorales y/o de prioridad en la expedición de otras leyes como lo fueron la de Trabajo, Energética y Fiscal, etc.

En mi opinión, la discusión del proyecto de LFJAYS no puede esperar más y a decir del sector que ve con beneplácito su pronta entrada en vigor en México, esto debería suceder este año, no obstante que diversas organizaciones y cámaras de la industria del turismo y hoteleros han manifestado su abierta y pública oposición con la promulgación de LFJAYS, argumentando de manera errónea que su promulgación sería contraproducente y perjudicial para México, al incrementarse posiblemente la delincuencia organizada, el lavado de dinero, entre otros.

Buena prueba de que el gobierno está tomando con seriedad el tema de la revisión y aprobación de la LFJAYS es que hace unas semanas el propio secretario de Gobernación se refirió a esta como una prioridad y de beneficio para México.

Por ello y dado que se trata de un proyecto de Ley que regulará dando claridad y seguridad a un todo un sector productivo y económico, el cual incluso se encuentra relacionado con otras áreas, como lo son el de Salud y probablemente el de Turismo, es que debe ser visto con seriedad como un tema relevante y prioritario que no puede bajo ningún argumento seguir operando con reglas obsoletas que datan del año 1947.

En efecto, es urgente que se regulen y aclaren términos y conceptos como lo son la obtención de permisos para casinos y juego en línea, así como las actividades permitidas, modalidades del juego y reglas para un juego responsable, etc.

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Si el Senado continúa prolongando la discusión y aprobación de la LFJAYS, no solo estaría impidiendo que México obtenga una mayor competitividad y credibilidad internacional, sino incluso terminaría con un problema añejo que se ha originado en México.

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Las grandes empresas del juego están a la espera de la apertura de Brasil. ¿Considera que esto puede acelerar el tratamiento del proyecto en México con la idea de que el mercado no se retrase y pierda competitividad? ¿O lo que suceda en otro país no interfiere de ninguna manera?
En mi opinión no solo debería acelerar el proceso legislativo en la cámara de Senadores, sino que y sin lugar a dudas sería un grave error para México, provocado por una parte del poder legislativo, que bajo presiones partidistas injustificadas y/o posturas erróneas y poco inteligentes, se pierda la oportunidad histórica que podría existir en México para detonar grandes inversiones de serios protagonistas de la industria del juego, de hacer presencia en ciertas áreas geográficas de México, en las que se considera que por sus características y recursos naturales y culturales, puedan constituirse o erigirse como destinos preferidos de asiduos turistas y consumidores con todo lo que ello representa.

Lo anterior, daría por obvias razones un plus al sector del juego, al captar un creciente y activo turismo asiduo no solo al juego y la apuesta, sino incluso de aquellos que no solo no juegan ni apuestan pero que se aprovechan de las instalaciones turísticas y los derivados que acompañan a los grandes consorcios o centros de apuestas, como son los restaurantes, shows y almacenes para compras, sin olvidar la parte cultural y natural que este país ofrece a través de sus ruinas y vestigios antiguos.

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No comparto de manera alguna las razones por las cuales ciertas organizaciones y cámaras de la industria del turismo se oponen a la promulgación de la LFJAYS.

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Por ello, considero que es y continuará siendo un grave error que la Cámara de Senadores no tome con seriedad a esta industria del juego, como seguramente lo estará haciendo Brasil ante la pasividad de México, la cual manejada de manera correcta y responsable a través de una ley moderna y práctica, como lo puede ser el pretendido proyecto de LFJAYS, no solo generará fuentes de trabajo sino incluso recursos económicos y divisas para el Estado Mexicano y los inversionistas domésticos e internacionales interesados en detonar la industria en el país. Es y será la diferencia de quedarnos con una Industria arcaica y poco competitiva para entrar como protagonistas a una posible liga mayor.

Por ello, si el Senado continúa prolongando la discusión y aprobación de la LFJAYS, no solo estaría impidiendo que México obtenga una mayor competitividad y credibilidad internacional, sino incluso terminaría con un problema añejo que se ha originado en México, no solo por actos de corrupción que se dieron en el pasado por ciertos miembros del poder judicial y de la Dirección de Juegos y Sorteos, sino por la inexistencia de una Ley de Juegos y Sorteos moderna y práctica, que ha evitado y frenado que los grandes inversionistas internacionales de la industria, volteen a ver a nuestro país como un lugar seguro para invertir y desarrollar su industria, con todo lo que ello implica como son restaurantes, shows, almacenes, diversiones, etc.

Algunos sectores vinculados al turismo se han manifestado en contra de la apertura de casinos en grandes polos turísticos ya consolidados. ¿Usted se posiciona en contra o a favor de esta postura? ¿Qué medidas deben tomarse para que la industria del juego impulse al turismo y no lo afecte?
No comparto de manera alguna las razones por las cuales ciertas organizaciones y cámaras de la industria del turismo se oponen a la promulgación de la LFJAYS. Me parecen que no tiene razón de ser su oposición y claramente sus argumentos se pueden controvertir. Existen más opiniones a favor que en contra, por lo que me parece importante se les invite a estas mesas de trabajo y se discuta con ellos respecto a la industria y al contenido de LFJAYS, para que conozcan no solo la historia de esta industria del juego en México, sino incluso los problemas que se han presentado a lo largo de su instauración en México, pero de manera especial los beneficios que se podrían esperar y obtener para el sector turismo si llegan verdaderamente inversionistas serios a México, que busquen no solo captar apuestas sino desarrollar verdaderos polos turísticos y recreativos para ofrecer centros de diversión alternos.

¿Qué ingresos genera actualmente el juego en México? ¿Cuáles son las proyecciones en caso de que se actualice la ley?
Desconocemos con precisión el ingreso que genera el juego y la apuesta en México. Existen diversos estudios, opiniones y/o publicaciones que dan cifras del todo distintas respecto a los ingresos que se dice genera la industria del juego. En lo personal, me parece que es la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación o el SAT, el organismo autorizado respecto al monto total de ingresos que se obtienen de la industria.

Las proyecciones que vemos o hacia donde deberíamos ir son:

• Una ley ágil y moderna acorde a la realidad.
• Una ley que combata el juego ilegal.
• Una ley que promueva el Juego responsable y combate a la ludopatía.
• Una ley que facilite el incremento de ingresos y empleos directos e indirectos.
• Impulso al sector turístico y de capacitación.
• Prevención al lavado de dinero.