Según un artículo publicado por el diario uruguayo La República, en el proyecto de ley, que hoy se aprobará en Comisión y que ingresará al plenario de Diputados a la brevedad, se recuerda que en Uruguay los juegos de loterías y las quinielas en sus diversas modalidades se encuentran explotados o regulados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, mientras que los juegos de ruleta, punto y banca, caballitos, dados, Black Jack, bingo y máquinas tragamonedas son explotados por la Dirección General de Casinos en base a “regulación propia”.
La modalidad de ejercicio de la explotación y el monopolio de los juegos de azar y su contralor no ha sufrido en las últimas décadas ningún cambio institucional que le permita adaptarse a los nuevos desafíos o a los nuevos requerimientos que se plantean desde los consumidores, los explotadores y los ciudadanos en general se sostiene en la argumentación.
El proyecto de ley al que accedió el diario La República pretende constituir un “marco integral” en el que, además de explicitar los principios de acción del Estado en la materia, “reorganice la institucionalidad distinguiendo claramente las funciones de regulación, control y fiscalización de la explotación directa del juego por parte del Estado”. La propuesta supera la situación actual en la que los diferentes roles se confunden institucionalmente, “perturbando la especificación de objetivos, la gestión y la consiguiente rendición de cuentas”, considera.
Con esta iniciativa, el gobierno pretende ratificar el monopolio del Estado sobre los juegos de azar y apuestas, incluyendo casinos, actividades hípicas, loterías y quinielas en sus modalidades y juegos derivados y los juegos de azar a través de las tecnologías informáticas, telefónicas o en general ejecutados a distancia o por medios telemáticos.
El texto crea también un órgano de contralor que regulará y fiscalizará todo lo relativo a las prohibiciones o autorizaciones de explotación de juegos de azar, y además sancionará administrativamente a los infractores. También instala una institucionalidad “capaz de ejercer directamente la explotación del monopolio del juego por parte del Estado en todas sus modalidades como Servicio Descentralizado”.
La ley mantendrá el régimen actual de agentes autorizados agrupados en las Bancas de Cubiertas Colectivas para la explotación de los juegos de azar.