El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, justificó la decisión y explicó que se trata de una medida que busca devolverle a esta institución su misión original y desmontar la inmensa estructura administrativa para racionalizar los recursos del Estado.
"Se trata, en todos los casos, de contratos del 2015 y de una cantidad de gente que la dirección del Casino no necesita para poder operar. Son contratos iniciados en acuerdo con los gremios e involucra a gente de sectores del PJ y del sindicalismo", explicó Garay a Diario Uno.
"El Casino está para controlar el juego y nació con la idea de transferir fondos de este sector hacia el desarrollo social y la salud. Pero resulta que al aumentar la planta de gente trabajando, un inmenso porcentaje de fondos se termina usando para bancar la estructura administrativa pagando sueldos y se pierde así el verdadero objetivo", agregó el funcionario.
Garay especificó que se analizó cada caso en particular y que de la lista final surgen muchos contratados que son familiares de algún político. También descubrieron recategorizaciones o ítems jerárquicos que no corresponden y que deben ser revisados. "Hay muchas distorsiones que hacen inviable que la estructura siga funcionando", manifestó Garay defendiéndose de las acusaciones del gremio.