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22 de Octubre de 2020

Paralelamente al tratamiento del tema en una Comisión Especial

Brasil: el Senado analiza un nuevo proyecto con chances reales de legalizar el juego

Brasil: el Senado analiza un nuevo proyecto con chances reales de legalizar el juego
El proyecto del senador Blairo Maggi prevé que sean los Estados quienes puedan fiscalizar el “jogo do bicho” y las salas de video lotería, mientras que los casinos serían fiscalizados a nivel nacional por la Unión. Las concesiones serían por 20 a
Brasil | 19/11/2015

El proyecto del senador Blairo Maggi prevé que sean los Estados quienes puedan fiscalizar el “jogo do bicho” y las salas de video lotería, mientras que los casinos serían fiscalizados a nivel nacional por la Unión. Las concesiones serían por 20 años, pudiendo ser renovada por igual período.

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20 años del cierre de las salas de bingo en el país, un proyecto de ley que legaliza todas las formas de juego de azar en el Brasil es presentado con reales condiciones de ser aprobado.

Redactado por el senador Blairo Maggi (PMDB-MT), este proyecto presenta una lista exhaustiva de juegos que serían habilitados: el “jogo do bicho”, las video loterías, el video bingo, los juegos electrónicos tipo tragamonedas, los casinos, los juegos de apuestas deportivas online, el bingo online y los juegos de casino online.

La fiscalización de los bingos y del jogo do bicho sería llevada adelante por cada uno de los estados, mientras que las salas de casino serían reguladas por la Unión.

El proyecto que sustituye al original, del senador Ciro Nogueira (PP-PI), iba a ser analizado ante la Comisión Especial de Desarrollo Nacional, que analiza los proyectos de la Agenda Brasil, pero fue reprogramada para la próxima semana, a causa de la votación de los vetos presidenciales.

La inclusión de este tema ante esa comisión explica sus chances de aprobación. Cabe destacar que la Agenda Brasil surge como una propuesta del presidente del Senado, Renan Calheiro (PMDB-AL), para ayudar al país a salir de la actual crisis económica. Y la legalización de los juegos de azar podría generar miles de millones de reales al Estado.

El propio redactor del proyecto admite que existe esa expectativa: "Esperamos concretar un aumento significativo de las reservas públicas, aumentando la recaudación gubernamental, sin que ello impacte en el incremento de las cargas tributarias de los demás contribuyentes”. En ese sentido, entidades que defienden esta legalización hablan de una recaudación anual extra estimada en R$ 10 mil millones (unos US$ 2.630 millones).

A fines del mes de octubre, el ministro de Educación Aloizio Mercadante, defendió la legalización de los juegos de azar en Brasil, siempre que los impuestos recaudados sean utilizados en el financiamiento de la Educación. El ministro señaló que el país está “apostando dinero afuera” debido a la falta de una legalización de los juegos en Brasil.

“En el caso de los juegos por Internet, la reglamentación es más urgente ya que los brasileños que gustan de esta actividad terminan accediendo a sitios con base en otros países. De esa forma, el dinero de los ciudadanos es drenado al exterior, sin generar cualquier beneficio para el Brasil”, argumentó.

La idea de rediscutir la legalización de los juegos de azar fue elevada al Gobierno por el senador Benedito de Lira (PP-AL). Durante una reunión con los líderes de la bancada aliada en la Cámara de Senadores, realizada en el Palácio do Planalto el 17 de septiembre pasado, la presidente Dilma Rousseff sondeó a los parlamentarios para saber si la propuesta, que autorizaría el regreso de las tragamonedas, bingos y casinos, tendría condiciones de ser aprobada en el Congreso. La propuesta fue formalmente presentada por el entonces ministro jefe de la Casa Civil, Aloizio Mercadante, y la mayoría de los diputados aprobó la idea.

Maggi recordó además que la actividad de juego en Brasil es hoy ejercida de modo ilegal. “La ilegalidad acaba desencadenando otro efecto perverso en la sociedad, ya que parte de los recursos obtenidos en la explotación del juego se vuelca a la corrupción de agentes públicos. Al reglamentar el tema, esperamos extirpar la corrupción que hoy existe", afirmó el senador.

No todos los estados podrían explorar casinos. El proyecto de Maggi prevé una serie de exigencias, entre las que se destaca que los estados que se interesaren en la instalación de un casino deberán demostrar la existencia de un patrimonio turístico a ser valorizado, y la carencia de alternativas para el desarrollo económico y social en la región.

El proyecto establece que los estados y el Distrito Federal son responsables por regular, normar y fiscalizar los establecimientos autorizados para la explotación de los juegos de azar en sus respectivos territorios.

Los recursos recaudados a través de la explotación de los juegos de azar, de acuerdo al proyecto, deberán ser divididos de la siguiente forma: en el caso del jogo do bicho, el 60% va para premios, en el caso de las videos loterías, ese valor sube al 70%. Los estados fijarán un 7% de la recaudación bruta y los municipios en los que sea instalado el equipamiento terminal de video lotería obtendrán un 3% de lo facturado.

La explotación del jogo do bicho y de las video loterías serán concedida por un plazo determinado, pero el propio proyecto no fija ese plazo, ya que una vez que sea reglamentado será potestad de los estados determinar ese plazo.

En relación a los casinos, el proyecto establece un plazo de concesión de 20 años, pero admite posteriores prórrogas. Y en relación a los bingos, el proyecto prevé que serán explotados en carácter permanente dentro de las casas de bingo y, eventualmente, en estadios. El proyecto también autoriza el funcionamiento de bingos filantrópicos o para beneficencia, pero sólo en carácter eventual.

El proyecto prohíbe que los bingos obtengan créditos ante instituciones financieras públicas. En relación a los casinos, la prohibición es más rígida. El proyecto veta la obtención de préstamos o financiamiento, en cualquiera de sus formas, al igual que el acceso a beneficios fiscales o a prestamos de instituciones financieras oficiales.

Los casinos podrían explotar juegos de cartas, terminales de video lotería y ruletas, entre otros; y prohíbe a los dirigentes y funcionarios ejecutivos de las empresas tener cualquier porcentaje de remuneración calculada sobre el movimiento de las apuestas.

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