La normativa impulsada por el Partido de Concertación Nacional (PCN) establece que el Ministerio de Hacienda, ente encargado de administrar los recursos que se obtengan de dicho impuesto, deberá informar periódicamente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia cómo se están utilizando los fondos.
También agrega que éstos deben ser fiscalizados por la Corte de Cuentas de la República.