Argentina: Mónaco asegura que el accionar del IJAN de Neuquén está en el marco de la ley

Fue en respuesta a la denuncia penal que realizó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande) por la supuesta malversación de fondos y que motivó un allanamiento de la Justicia en el edificio de Lotería, el miércoles.

"Estamos seguros de lo que estamos haciendo, está dentro de la ley y del marco constitucional que nos da facultades para poder hacer", dijo Mónaco. La norma aludida es la 2751, que en su artículo segundo define como uno de los objetivos del IJAN "financiar programas destinados a la asistencia social y educación".

El procedimiento ordenado por el fiscal Marcelo Jara tuvo como objetivo secuestrar la documentación de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 referida al uso que hizo el IJAN de los fondos originados por los cánones que cobra en concepto de juegos en la provincia. Uno de los destinos más cuestionados por Podestá, y que el fiscal reconoció como llamativo, fue el de publicidad para una edición del Turismo Carretera.

"Hicimos publicidad y pagamos publicidad, no hicimos asistencia social. Somos un organismo comercial, realizamos ventas, tenemos lotería, salas de juego entonces tenemos una oferta de juegos que tenemos que difundir comercialmente", dijo Mónaco, que destacó que la carrera "es una actividad más que importante que se hizo en la provincia y nos dio una posibilidad de hacer una buena publicidad y estar presentes". Detalló que se hizo "conjuntamente con el Quini 6, que aportó más del 80% de esos fondos".

En la denuncia de Podestá se cuestionó que "sólo en contadas ocasiones los fondos han sido utilizados de acuerdo a la normativa vigente", y planteó que "están siendo malversados al dárseles un destino distinto al que el legislador expresamente normó".

Mónaco respondió que "habría que ir a la Legislatura y presentar un nuevo proyecto que diga que tiene que destinarse directamente un 30% a educación, 30% a asistencia social y el 10% para el Instituto. Hay leyes que lo hace, esta ley no. Faculta al IJAN y al Ejecutivo a que definan qué asistencias sociales son necesarias llevar adelante".