La medida fue dispuesta por el fiscal Marcelo Jara. El procedimiento se efectuó al mediodía y se hizo a instancias de una denuncia que presentó el diputado provincial Raúl Podestá (Frente Grande) a fines de agosto.
En la denuncia, Podestá cuestionó el destino que tuvieron más de $ 295 millones desde el 2011 hasta el 2015 que, según el legislador, se desviaron de los objetivos específicos que le asignó al organismo la ley 2751. “Han encontrado una caja disponible a los efectos de hacer campaña con recursos públicos”, aseguró legislador.
"El objetivo es secuestrar documentación de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, referida al uso de los fondos que hizo el IJAN y que se originan por los cánones que cobra en concepto de juegos en la provincia", explicó Jara. "Una vez que tengamos la documentación en nuestro poder, vamos a analizarla y ver si la denuncia tiene sustento, par a luego definir los pasos a seguir", añadió.
El IJAN aseguró en un comunicado que a la "requisitoria expresa de la justicia, se ha presentado toda la documentación solicitada avalando las acciones y contrataciones efectuadas desde este organismo, quedando en poder de los actuantes".