El resto son las de clase E, que están basadas en el juego del bingo, con premios de mayor cuantía. Solo están en bingos, casinos o salones de juego.
La Policía Nacional controla que los establecimientos en los están distribuidas las más de 2.300 máquinas tragamonedas que hay en la provincia cumplan con la normativa vigente.
Este trabajo se coordina desde la comisaría de Policía de Burgos, capital en colaboración con la Junta de Castilla y León, la institución que tiene las competencias para regular el juego y el funcionamiento de este tipo de máquinas y los salones de juego.
La Junta de Castilla y León envía, cada tres meses, un listado a la comisaría de Policía con el número de máquinas que hay que vigilar.
Los agentes realizan alrededor de 1.000 inspecciones en un año. Apenas se registran tres sanciones en un año, ya que la normativa es muy estricta y las multas son muy elevadas.
En cuanto a posibles manipulaciones de las máquinas -la Policía también actúa en el caso de que haya habido un usuario que haya denunciado porque la tragamonedas no entrega el premio-, en comisaría explican que es prácticamente imposible, ya que «los contadores están lacrados”.
El control sobre las máquinas es exhaustivo en este sentido porque está vinculada al establecimiento con un número de identificación. Es decir, el dueño de un bar, en el caso de que cambie de negocio, no puede llevarse la tragamonedas al nuevo establecimiento.
El número de máquinas descendió ya que hace años había una media de dos máquinas por establecimiento. En la actualidad, según los datos aportados por la Junta, en la provincia hay 2.269 máquinas de clase B, repartidas entre 2.226 bares.