El Concejo Deliberante de Bariloche apoyará el proyecto que pone más restricciones a los casinos

La iniciativa fue presentada el año pasado y recién ayer fue tratada por primera vez en la comisión de Economía, donde surgieron propuestas para ajustar el texto, pero no hubo voces en contra.

Los concejales Leandro Lescano y Carmen Giménez impulsan un cambio en la legislación vigente a fin de desalentar la actividad de casinos.

Si resulta aprobada, para otorgar o renovar la habilitación de una sala (las dos vigentes vencen el año próximo) será necesaria de ahora en más una ordenanza aprobada por mayoría especial de dos tercios, con la previa convocatoria a audiencia pública.

El texto señala que cualquier casino que funcione en la ciudad deberá "tener fin de promoción turística", con el expreso fin de restarle público residente y "evitar que la población trabajadora se vea tentada a la suerte de perder allí sus ingresos".

Lescano dijo que el Ejecutivo envió una nota de apoyo, con algunas observaciones menores. La asesora letrada del Concejo, Josefina González Elizondo, señaló en su dictamen que si bien el casino es una concesión de la provincia, la regulación de las actividades comerciales son materia "específicamente comunal". Sin embargo advirtió que otorgarlas por ordenanza del Concejo es contrario a la Carta Orgánica, ya que constituyen una atribución del Ejecutivo.

Lescano comentó que existe un consenso general para ajustar la normativa de los casinos y confinarlos a la actividad turística. Explicó que señalar esta última condición en la ordenanza podría resultar confuso o insuficiente y por eso trabajarían en una zonificación.

Una de las opciones es permitir el funcionamiento de casinos y salas de juego sólo en Villa Catedral y en Llao Llao, aunque algunos hablaron de incluir la calle Mitre. Actualmente Bariloche tiene dos casinos. Uno en la calle San Martín, en plena zona turística y otro en Onelli y Elflein, que trabaja casi exclusivamente con público residente.

El proyecto del Frente Social del Pueblo sostiene en sus fundamentos que las restricciones horarias en los casinos y la prohibición de instalar cajeros automáticos impuestas hace siete años "fueron importantes", pero hace falta "reforzar normas que desalienten el juego compulsivo y protejan el derecho a la salud".

El texto indica puntualmente que el casino de Onelli "facilita que los vecinos de más escasos recursos estén expuestos al flagelo de la ludopatía o, sin llegar a ello, a dilapidar su dinero en estos espacios en vez de utilizarlos con fines de cubrir sus necesidades básicas".