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19 de Septiembre de 2019

En Puerto Rico

Acusan a 10 empresarios y más de 20 empleados por violar la Ley de Juegos de Azar

Acusan a 10 empresarios y más de 20 empleados por violar la Ley de Juegos de Azar
Un grupo de 32 personas, entre las que se encuentran 10 empreasrios, un administrador y 22 empleados, enfrentan cargos por violar la Ley de Juegos de Azar (Ley 221-1948), tras ser procesadas como parte de un operativo que dirige el Departamento de Justici
Puerto Rico | 01/04/2015

Un grupo de 32 personas, entre las que se encuentran 10 empreasrios, un administrador y 22 empleados, enfrentan cargos por violar la Ley de Juegos de Azar (Ley 221-1948), tras ser procesadas como parte de un operativo que dirige el Departamento de Justicia (DJ) de Puerto Rico.

E

l director de la División Contra el Crimen Organizado del DJ, Sergio Rubio Paredes, informó que se presentaron 98 denuncias en el Tribunal de San Juan contra 10 dueños de corporaciones dedicadas al uso ilícito de las máquinas de juegos, un administrador y 21 empleados de estas compañías que pagaban premios a los usuarios, en violación a la Ley de Juegos de Azar.

El grupo acusado incluye a una agente de la Policía estatal, identificada como Wanda Echevarría Cruz, y al oficial Jaime Ortiz Santiago, de la Policía Municipal de Cayey, quienes presuntamente participaron pagando premios por el uso de las tragamonedas.

Desde julio del año pasado, por virtud de la Ley 77-2014, no solo es ilegal pagar premios, sino que tampoco se pueden instalar estas máquinas en tiendas por departamentos, farmacias, panaderías, gasolineras, supermercados, megatiendas, cadenas de tiendas o restaurantes, hospitales, oficinas profesionales e instalaciones del gobierno, sostuvo Rubio Paredes.

“Si usted es dueño de un garaje de gasolina, y tiene máquinas de estas, está cometiendo delito, y en cualquier momento las autoridades, entiéndase el Negociado de Investigaciones Especiales va a estar llegando hasta su negocio y va a estar interviniendo con usted, y usted va a acabar acusado y va a acabar pagando unas multas, y se va a exponer a un montón de sanciones que tiene la ley en relación con su negocio”, advirtió Rubio Paredes durante una conferencia de prensa en la sede del DJ, en Miramar.

Rubio Paredes estuvo acompañado por el director auxiliar de la División de Investigaciones de Crimen Organizado, Rufo González; el fiscal Alberto Miranda Schmidt y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort.

Los cargos se relacionan con violaciones a la Sección 71 de la Ley 221-1948, y los mismos constituyen delitos menos graves. Por cada infracción, los imputados se exponen a seis meses de cárcel y hasta 10.000 dólares de multa. Las 32 personas fueron citadas para juicio en fecha posterior.

Las denuncias se relacionan con los allanamientos diligenciados a principios de diciembre pasado en 13 negocios que operaban como casinos clandestinos. En esas intervenciones, se confiscaron 424 máquinas de juegos electrónicos y 43.849 dólares en efectivo. También el Departamento de Hacienda impuso entonces 400.000 dólares en multas relacionadas con otras violaciones estatutarias.

González precisó que, de esos 13 establecimientos, solo dos, en Hato Rey y Bayamón, han dejado de operar, y los otros 11 continúan funcionando ilegalmente. Destacó que, incluso, un local ubicado en San Germán adquirió máquinas nuevas para sustituir el equipo ocupado por las autoridades.

“Este es un negocio sumamente lucrativo para estas personas, y genera mucho dinero. Probablemente han echado esas confiscaciones a pérdida dentro de su negocio, pero están operando y han abierto nuevamente”, sostuvo González.

Además de los localizados en la zona metropolitana, los establecimientos allanados ubican en Arecibo, Dorado, Yauco y Ponce.

La lista de acusados la completan Irving Rivera Cuadro, Steven Segarra Pabón, Wanda Jiménez Pimentel, Lisette Maldonado García, Annie Santos Bou, Carmen Ríos González, Miguel Encarnación Gómez, Yanira Rosado García, Helen Pérez Cestero, Lymaris De Jesús Ruiz, Giselle Rivera, Nelson Medina Marrero, Jesenia Quiñones Acosta, Karen Rivera Silva y Aevley Becerra Silva.

También enfrentan cargos Samira Fattah Arroyo, Yamayra Rivera Boneta, Ivette Torres Avilés, Ángel Quiñones Santos, Omar López, Marc Gingras, Dennisse Ríos Vélez, Alfonso Gómez Amaro, Juan Hernández Goveo, Javier Hernández Ocasio, Benzion Varón, Rafael Rivera Espinel, Sanuel Rodríguez Cabeza, Elsie González Morales e Ileana Hernández Isern. Según estimaciones del gobierno, en Puerto Rico unas 45.000 máquinas tragamonedas operan ilegalmente.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo resaltó que la ofensiva de las autoridades en contra de prácticas ilícitas con los juegos de azar, así como esfuerzos para orientar a la ciudadanía sobre esta conducta supuestamente ha desalentado el uso de esas máquinas, y han provocado un alza en los ingresos que reciben los casinos.

A modo de ejemplo, mencionó que en febrero se registró un aumento de 7.76% en los ingresos de los casinos en comparación con ese mismo mes el año anterior. Algunos de esos recaudos están destinados a la Universidad de Puerto Rico y al Fondo de Promoción de la Compañía de Turismo.

“Llevamos más de 24 o 26 meses con recaudos que han sido menor que el mismo recaudo que el año anterior del mismo mes. Mes tras mes, había estado bajando el recaudo de los casinos legales. Por primera vez en todos estos meses que hemos estado trabajando, vemos un aumento versus el mismo período del año anterior. Está dando resultados lo que hicimos en diciembre en cuanto a los incautos donde enviamos un mensaje clave de que lo que es ilegal es ilegal”, subrayó la funcionaria.

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