Grau señaló en una rueda de prensa que "con la información disponible", el PDU se "deberá redactar según las condiciones que ya especificó la entidad financiera”. El grupo Veremonte, impulsor del proyecto basado en hoteles, tiendas de lujo y casinos renunció a su opción de compra de los terrenos y la Generalitat pilota el proyecto, aunque, según Grau, "todo está decidido".
El pasado viernes, los representantes de la Generalitat se reunieron con los agentes sociales y económicos y las instituciones afectadas del Camp de Tarragona y con los partidos del arco parlamentario y crearon una comisión de seguimiento del PDU. Sin embargo, la diputada ecosocialista señala que todo el procedimiento y las alegaciones "tendrán mucho de teatral, porque por muy bien redactado que esté", ya "está todo decidido".
Las últimas informaciones de la Generalitat son que aumentan 77 hectáreas el suelo urbanizable y se pierden 84,9 dedicadas a zonas verdes y servicios. El techo edificable pasa de los 742.920 metros cuadrados a 1.603.833 metros cuadrados, que "en su día, se expropiaron por razones de interés público y que ahora aumentaron diez veces su valor", recordó Grau.
La diputada también expresó sus inquietudes por los costos de urbanización de los terrenos, que deberán asumir los ayuntamientos de Vila-seca y Salou y la Generalitat y que, según calcula Grau, ascenderán a unos 200.000.000 de euros (223.285.105 dólares).
Tampoco se sabe, agregó la ecosocialista, cómo se gestionarán los residuos y el abastecimiento de agua del futuro complejo turístico.
Por último, la diputada teme que los 7.000 currículos que recibió el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) para trabajar en BCN World sirvan para jugar "con las expectativas de gente que pasa necesidad, y fían sus futuros salarios a que salga bien un pelotazo".